Un abogado que comandaba una asociación ilícita que se dedicaba al fraude inmobiliario fue condenado este martes a 6 años y 6 meses de prisión. Según la Justicia de Venado Tuerto, la organización realizó estafas por unos mil millones de pesos con unas 36 propiedades.
Antonio Di Benedetto fue condenado como jefe de una asociación ilícita y por la coautoría de estafas reiteradas; tentativas de estafas reiteradas; falsificación ideológica de documento público reiterada; falsificación material de documento privado reiterada; y uso de documento falso reiterada. Además de la sentencia, que es de cumplimiento efectivo, Di Benedetto deberá pagar 3 millones 500 mil pesos de reparación a las víctimas y un millón 500 mil pesos de costas judiciales. Otras 15 personas ya fueron condenadas en el marco de la misma investigación que encabezó el fiscal Matías Merlo.
Maniobras defraudatorias
“La investigación se inició a raíz de gran cantidad denuncias realizadas por las víctimas. Se hizo un detallado entrecruzamiento de datos en el Registro de la Propiedad y se resolvió crear un solo legajo”, precisó Merlo.
El funcionario del MPA sostuvo que “la organización comenzó a operar de forma permanente y mantenida en el tiempo hace nueve años. Estaba perfectamente montada, con la misma gente involucrada, el mismo modus operandi y el mismo objetivo común”. En tal sentido, agregó que “el fin que se proponían era la realización de diversas maniobras fraudulentas para apoderarse de los inmuebles pertenecientes a personas ancianas o ya fallecidas, ubicados en el departamento General López y en el sur provincial”, agregó.
Merlo explicó que “como toda organización delictiva, tenía una estructura para llevar a cabo los ilícitos, con reparto de funciones para lograr eficiencia y con jerarquías entre sus integrantes”.
“De la investigación se desprende que para concretar las maniobras, los integrantes de la asociación ilícita –con pleno conocimiento de su accionar– confeccionaban los instrumentos jurídicos que necesitaban. De esta manera, desapoderaban a los titulares registrales de los inmuebles afectados para transferirlos a nombre de alguno de los integrantes de la asociación ilícita y/o de terceros”, explicó Merlo.
Condenas y reparación económica
El fiscal Merlo valoró que “logramos condenas de prisión efectiva, reparaciones económicas a las víctimas por un monto muy significativo”. Asimismo, destacó que “un total aproximado de 300 hectáreas de campos muy valiosos que fueron transferidas ilegalmente volverán a sus dueños”.
También subrayó que “la recepción de ese dinero por parte de las personas estafadas no impide que puedan iniciar las acciones civiles que consideren pertinentes”. En tal sentido, agregó que “estas sentencias en el ámbito penal en el que quedaron acreditados los hechos ilícitos, puede ser muy importante para la vía civil”.
Merlo también destacó que “entre los otros condenados hay abogados, escribanos y personas con conocimiento contable”.
Condenados
Además de Di Benedetto, las otras 15 personas condenadas son Raúl Alberto Jaime; María de los Ángeles Sarrias; Danisa Elisabet Pintos; Luis Celio Restovich; Eugenio Luis Casadei; Ángel Emilio Moreale; Fernando Astigarraga; Walter Diaz Franco; Roberto Miguel Sainz; Alberto Enrique Long; Alejandro Dalla’rmellina; Milena Fischer; Juan Carlos Rullo; Luis Alejandro Bentati; y Marcelo Alejandro Rodríguez.
A Jaime se le impuso una pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, mientras que Sarrias, Pintos y Restovich deberán cumplir una pena de cuatro años de ejecución efectiva. A las otras personas se les impusieron penas de ejecución condicional, en algunos casos también inhabilitación para ejercer sus respectivas profesiones y el pago de reparaciones económicas a las víctimas.
Los delitos por los que fueron condenados son asociación ilícita y estafa. Asimismo, algunos de las personas también fueron condenadas por los delitos de falsedad ideológica; falsificación de documento privado y de documento público y uso de documento falso.
Por otra parte, un hombre de iniciales MJS será juzgado en el marco de un juicio oral y público –cuya fecha deberá fijar la OGJ– por integrar la asociación ilícita. Además, el fiscal Merlo solicitó la declaración de reincidencia en función de que ya tiene una condena dictada en diciembre de 2012.
