Imputaron a un ex mando policial por ordenar cuidar carteles de un político
El candidato le solicitó al acusado que enviara agentes para vigilar los anuncios callejeros a cambio de una retribución económica.
Un oficial policial con un cargo jerárquico en la Unidad Regional 2 de Santa Fe fue imputado este jueves por el delito de peculado de servicios en carácter de partícipe primario.
El acusado, cuyas siglas con E.F.A., junto con G.S. (ya imputado) dispuso que personal de la Policía de la Provincia de Santa Fe lleve a cabo tareas de vigilancia de carteles de campaña de un funcionario público para las elecciones del año 2017.
Estas acciones fueron realizadas por el imputado utilizando la ascendencia sobre el personal policial de la Unidad Regional que le otorga ser una persona de confianza de dicho funcionario y policía retirado de alta jerarquía referenciado con esa Unidad Regional.
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Así el imputado intercedió, a pedido de dicho funcionario, para que se disponga que personal policial lleve a cabo tareas de custodia de carteles de propaganda política en el marco de la campaña electoral del 2017.
Se utilizaron para ello integrantes de la fuerza policial, quienes por orden de la superioridad, cumplieron horarios custodiando esos carteles a cambio de una retribución de dinero que fue provista por fuera de los carriles legales y administrativos correspondientes. A instancias de su pedido G.S. dispuso de esos recursos humanos y materiales para cumplir con la tarea encomendada.
El 7 de septiembre de 2017 G.S se comunicó con E.F.A. para confirmar el comienzo de las tareas de vigilancia de dichos carteles y para constatar el cumplimiento de estas acciones, el monto a pagar, la cantidad de personal a cargo y que el funcionario esté al tanto de esta situación.
Luego, el 27 de septiembre de 2017 se le comunicó a G.S. que tenía fotografías de personas que podrían haber violentado esos carteles y acuerdan con él ir a hablar con el secretario de Gestión del MPA para procurar alguna medida judicial
La jueza María Trinidad Chiabrera impuso una caución de $100 mil pesos y reglas de conducta) firma semanal en oficina de gestión judicial y prohibición de salir del país.