«Hay una forma de hacer política en la provincia comprometida con maniobras delictivas»
Así lo afirmaron los fiscales Edery y Schiappa Pietra tras la audiencia en la que se le achacó al ex diputado Scataglini haber utilizado sus influencias para favorecer a la empresa de Leonardo Peiti.
- Conclusion TV
- Sep 6, 2021
Tras la realización de la audiencia en la cual fue imputado el ex diputado y ex asesor legisltativo, Darío Scataglini, por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible con la función pública, los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada, que llevan adelante la investigación, brindaron detalles de lo ocurrido en audiencia.
Matías Edery y Luis Schiappa Pietra remarcaron que se trató de un paso de fundamental importancia para la causa, particularmente, por la contundecia de la evidencia presentada y porque se trata de la primera imputación a los estamentos político de esta organización.
Darío Scataglini,. quien hasta el 2020 se desempeñaba como asesor en la Cámara de Diputados de Santa Fe, fue detenido el pasado jueves en esa ciudad. Había sido expulsado de su cargo luego de que en la audiencia imputativa contra el ex fiscal regional Patricio Serjal se ventilara un audio extraído del teléfonode la secretaria del ahora ahora detenido capitalista del juego, Leonardo Peiti. «Llamo de parte del senador Traferri», le había dicho Scataglini.
«Es una imputación muy importante, nosotros consideramos que es la parte política de la investigación de corrupción», señaló Matías Edery en conferencia de prensa. «La jueza valoró de forma contundente toda la evidencia que teníamos. Es evidencia fundamental y parte del teléfono de José Fernández Chemes y de un par de cruces de antenas que nos permitieron ver de qué manera se gestó este negocio. Se trató de una reunión en la oficina de Armando Traferri de la que participaron Leonardo Peiti, Chemes, el senador Traferri y el mismo Scataglini, a partir de la cual se empezó a buscar de qué manera se le iba a habilitar el juego ilegal a Peiti», explicó el fiscal.
«Después, en el teléfono de Fernández Chemes, que se secuestró en un allanamiento, está esta negociación ilegal que se hizo, tratando de usar las influencias que tenían Scataglini y Traferri como funcionarios públicos para que se le habilite el juego ilegal a Peiti», agregó.
Edery remarcó que Scataglini tuvo una participación directa en el entramado. «Incluso, entre sus antecedentes cuenta haber formado parte de la Comisión de Bingos y Casinos que funcionó hace unos años, así que tenía conocimiento de la materia y contactos con las personas que habilitaban el tema».
La audiencia imputativa a Darío Scataglini se realizó el pasado sábado por la mañana y, si bien la jueza Eleonora Verón permitió que el ex funcionario continúe el proceso en libertad, le prohibió tener cualquier tipo de comunicación, de cualquier naturaleza con las personas mencionadas en la causa, entre ellos, con el senador Armando Traferri.
Scataglini fue acusado de haber negociado para que la Lotería de Santa Fe le otorgara a la empresa Wildar Gaming S. R. L., de Leonardo Peiti, la explotación de máquinas para apuestas online en salas habilitadas.
En relacion a ello, el fiscal Luis Schiappa Pietra señaló que «fue muy importante a decisión de la jueza por la valoración tan contundente de la evidencia». «A modo de hipótesis, le recordó al imputado que la pena que le corresponda podría ser de cumplimiento efectivo por la obligación que tiene el estado argentino de investigar los delitos de corrupción».
«Esto esto tiene mucho que ver con todo lo que está en juego aquí, con estas imputaciones ahora del estamento político, porque son esos los compromisos que estamos tratando de cumplimentar, en pos de avanzar en estas investigaciones. Y también lo que está en juego con el fallo sobre la constitucionalidad del código procesal penal que impide investigar corrupción», señaló Schiappa Pietra.
Un abogado presente
Algo que llamó la atención de los fiscales es que la única persona que asistió como público a la audiencia imputativa de Darío Scataglini fue el abogado de Armando Traferri, José Luis Vázquez. «Nos llamó mucho la atención verlo sentado atrás escuchando la declaración», afirmó Schiappa Pietra, a la vez que subrayó que se trata de la «primera imputación al estamento político de la organización». «
Está muy en evidencia el nivel de compromiso del estamento político y demuestra que la investigación está avanzando a pasos muy firmes. Y demuestra también que hay núcleos de poder históricamente no tocados en esta provincia que ahora están comenzando a verse seriamente afectados y esto no tiene relectura».
En esa línea, el fiscal de la Agencia de Criminalidad Organizada apuntó que «lo que hay que asumir es que esta es una investigación que viene avanzando muy fuertemente y que hay que asegurarla, resguardarla y custodiarla mucho». «Nosotros sabemos que después de esta imputación han habido actores de peso en esta provincia que no les ha gustado que haya ocurrido esto. Nosotros esperamos que haya un apoyo serio, concreto,manifiesto, porque llegó el momentode dar cuenta de ese apoyo», remarcó en forma contundente.
Schiappa Pietra señaló que «este tipo de investigaciones pueden verse afectadas de un montón de maneras». «Lo importante de esto es que lo presentado es prueba objetiva y no está cuestionada por las partes y la jueza lo vio así. Se trata de toda la contratación que había por fuera de la legalidad en la provincia, esto es justamente el lobby empresarial prohibido, todo lo que la ley prohibe. Por eso reitero que la evidencia es contundente y quedó muy claro que hay una forma de hacer política en la provincia que está comprometido con maniobras delictivas», remató el fiscal, quien insistió que ahora todos los ojos están puestos en Corte Suprema provincial que debe resolver la declaración de inconstitucionalidad.
«En Santa Fe hay una ley procesal que impiden imputar cargos a un senador e investigarlos. Y esto es indigerible y va en contra de la Constitución nacional Esperamos que la Corte Suprema de esta provincia lo entienda de esta manera, y sino iremos a la Corte Nacional».

