A las 12 del mediodía la vicepresidenta Cristina Fernández le dio la palabra al presidente de la nación, Alberto Fernández para que hiciera su primer discurso de inauguración de las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Durante una hora y diecinueve minutos, el primer mandatario habló frente a los legisladores y abordó una amplia gama temática, en la que resaltaron algunos ejes particulares: la reforma integral de la Justicia Federal, la reforma, a través de un decreto de la Ley de Inteligencia, el desendeudamiento, la educación y los derechos de las mujeres y la interrupción voluntaria del embarazo. También hubo un aparte para los Derechos Humanos, a los que calificó como la columna vertebral de la República.

Desendeudamiento

Sobre la actual situación de deuda externa que enfrenta el país, Alberto Fernández remarcó: «Nunca más a un endeudamiento insostenible», que afronta para este año vencimientos de que ascienden a 65 millones de dólares.

Fernández advirtió que la deuda es «impagable» y dijo que en las próximas semanas se hará a los acreedores una «oferta que se pueda cumplir». Aseguró que su gobierno buscará alcanzar una «resolución ordenada» de la deuda externa con «compromisos que se puedan cumplir».

El jefe de Estado precisó que los vencimientos de capital para el año 2020 son de 49.968 millones de dólares, mientras que los intereses ascienden a 14.837 millones.

«Preferimos una resolución ordenada de la crisis de la deuda, pero lo más importante es un acuerdo sostenible, que le permita a la Argentina ponerse de pie y no volver a caer», señaló y advirtió que «los argentinos debemos tomar compromisos que sí se puedan cumplir». En ese sentido, remarcó que esa será la base de las ofertas que  se harán a los acreedores las próximas semanas».

Fernández critió duramente la decisión de «endeudarse sólo para beneficio de los especuladores y prestamistas» y advirtió: «Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que eso suceda y quién se beneficiaron con esas prácticas». Un coro de aplausos respondió cuando Fernández prometió: «Nunca más a un endeudamiento insostenible, nunca más a decisiones que se toman en perjuicio del pueblo, nunca más a la puerta giratoria de dólares que se fugan y dejan tierra arrasada a su paso».

Reforma Judicial y Ley de Inteligencia: más y mejor Justicia

El presidente anunció el envío de un proyecto de ley para una reforma de la Justicia Federal, a través de la conformación de un Consejo para Afianzar la Administración de Justicia y la creación de un nuevo Fuero Federal Penal, que unificará a fueros penales que hoy tienen jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires.

«Los delitos contra la administración pública en los que incurran funcionarios del Estado Nacional dejarán de estar en manos de unos pocos jueces para pasar a ser juzgados por más de medio centenar de magistrados para terminar con la manipulación de sorteos y la concentración de procesos que el oligopolio de los jueces federales ha permitido», puntualizó.

Fernández explicó que el Consejo anunciado «estará integrado por las más prestigiosas personalidades del mundo académico y judicial, y será un cuerpo consultivo del Poder Ejecutivo para el impulso de otras transformaciones de fondo en nuestro Poder Judicial».

«Debemos optimizar el funcionamiento de la Corte Suprema, repensar el alcance del recurso extraordinario, mejorar el trabajo del Consejo de la Magistratura, instaurar el juicio por jurados cumpliendo el mandato constitucional, modernizar el Código Penal y fortalecer el rol del Ministerio Público», añadió el mandatario.

El presidente apunto que a través de esta iniciativa espera desterrar  «la designación de jueces amigos y la utilización política de la justicia», y prometió hacerlo como un «compromiso» que «jamás», quebrará. 

El primer mandatario explicó que la ley que impulsará busca el «reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones».

Además, dentro de esa reforma, el presidente anunció «un fortalecimiento de toda la actuación de la Justicia Federal Penal en las zonas más críticas donde el crimen organizado ha logrado desarrollarse a través del narcotráfico, especialmente en la zona de influencia Rosario y Santa Fe». Y acto seguido adelantó la creación de la secretaría de Narcotráfico en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario y también se comprometió «a reforzar la creación de nuevos cargos de auxiliares fiscales y asistentes fiscales bajo la órbita de un fiscal coordinador del distrito».

También propuso la creación de un Juzgado Federal, una fiscalía y una defensoría federal en la ciudad de San Lorenzo, abocada a temas de lavado de dinero, trata de personas y narcotráfico.

Otro tema que, probablemente, haya generado mucho escozor en algunos tuvo que ver con la Agencia Federal de Inteligencia y los roles que desempeñan lo que revistan en ese organismo. 

En ese sentido, Fernández anunció que esta semana firmará un decreto de necesidad y urgencia que modifique la Ley de Inteligencia impidiendo al organismo y a sus miembros «realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, cumplir funciones policiales o desarrollar tareas de investigación criminal como auxiliares de la Justicia».

En esa misma línea, el presidente adelantó que ordenará a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) «declasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el atentado a la AMIA», en tanto, investigará «la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento» del hecho.

«A 26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de Inteligencia desclasificar los testimonios secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que fuera investigado el hecho y la responsabilidad de los funcionarios del Estado en el encubrimiento del mismo», destacó el primer mandatario en el discurso que dio inicio a las sesiones legislativas del Congreso. «Lo mismo haremos con toda documentación reservada que exista en el organismo sobre el tema», remarcó.

Derechos de las mujeres e interrupción voluntaria del embarazo

Otro de los ejes de la alocución de Alberto Fernández giró en torno a las mujeres, sus derechos y  la interrupción voluntaria del embarazo.    «El Estado debe cuidar y debe acompañar a todas las mujeres, para que puedan acceder plenamente al sistema de salud» apuntó el mandatario y, en ese marco, se comprometió a  el envío en diez días de un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Fernández consideró que la penalización del aborto no fue eficaz para prevenir los abortos. Por el contrario, remarcó que «la amenaza penal ha condenado a muchas mujeres, en general de bajos recursos, a recurrir a abortos en la más absoluta clandestinidad».

En medio de intensos aplausos, el Presidente sostuvo que «el aborto sucede» en la Argentina y evaluó que es «hipocresía» no aprobar un proyecto que legalice la interrupción voluntaria del embarazo.

Además, anunció que, en simultáneo a esta iniciativa, se emprenderá un «contundente programa de educación sexual integral» para intentar evitar embarazos no deseados entre las jóvenes.

También anticipó que que enviará otra iniciativa destinada a contener a las mujeres embarazadas y a sus hijos en los primeros años de vida. Detalló que la propuesta está destinada a mujeres «en situación de vulnerabilidad social, en la etapa en la que más necesita» el acompañamiento del Estado, que es el embarazo y los primeros años de los niños.

«Es el plan de los mil días, para cuidar la salud de la mujeres embarazadas y de sus hijos o hijas en los primera años de vida», agregó Fernández.

Muchas legisladoras y funcionarias a favor de la legalización del aborto aplaudieron de pie el anuncio del proyecto, que fue confeccionado con colaboración de los Ministerios de Salud y de las Mujeres, Géneros y Diversidad.

«Dentro de los próximos diez días, presentaré un proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que legalice el aborto en el tiempo inicial del embarazo y permita a las mujeres acceder al sistema de salud cuando toman la decisión de abortar»,  anunció y agregó: «un Estado presente debe proteger a las mujeres en particular y, en el siglo XXI, toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos».

Fernández remarcó que el acceso al sistema de salud para estos procedimientos debe ser «pleno» y consideró que «la legislación vigente no es efectiva» y que «desde 1921 Argentina penaliza la interrupción voluntaria del embarazo en la mayoría de las situaciones».

Rumbo económico e inflación

En cuanto a el rumbo económico del Gobierno, el presidente hizo hincapié en la reactivación y la producción. «Estamos dejando atrás una política económica centrada en la especulación para volver a poner el foco en el trabajo y la producción, esta definición obliga a tomar una enérgica decisión en las prioridades con un programa integral y sustentable, con objetivos fiscales y de política monetaria que buscamos alcanzar a partir de la renegociación de la deuda externa».

«Algunos nos critican y nos piden más ajuste. No perdamos de vista que no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las recesiones. Más ajuste lleva a más recesión, a menos oportunidades, más pobreza, más desigualdad, más exclusiónsubrayó el mandatario quien también se reservó algunos párrafos para los formadores de precios y el combate a la inflación.

«Está en la responsabilidad social de cada uno de nosotros ponerle fin al vicio inflacionario», afirmó  Fernández. «Sé que necesitamos dejar atrás la maldita inercia de la remarcación», señaló. Y apuntó: «Muchas veces son los cultores de esas prácticas inflacionarias los primeros en levantar el dedo acusador y señalar problemas en un país donde no faltan dificultades reales que están a la vista de todos».

Y recalcó: «Este Gobierno nacional, se va a poner al frente de la batalla contra la inflación usando todas las herramientas legales con las que cuenta. No es posible que con la moneda estabilizada y las tarifas congeladas al igual que los combustibles, el precio de los alimentos siga creciendo. (…) Vamos a exigirles total responsabilidad a los formadores de precios. Argentina no resiste más el abuso de quienes “preservan” su rentabilidad a costa de consumidores condenados a pagar sus “excesos preventivos”.