Nueve meses después del «hecho», la Justicia se encamina a tomar la principal decisión en la causa que investiga el trágico recital de Carlos «El Indio» Solari en Olavarría, que dejó dos muertos, cientos de lesionados y cuantiosos daños.

Dejó al músico, por ahora, al margen de las acusaciones y enfocarse en Matías y Marcos Peuscovich, los dueños de la productora «En Vivo», empresarios que usó para sus últimos y más convocantes y lucrativos shows el alma mater de los Redonditos de Ricota.

La Fiscalía de Delitos Complejos de Azul, que trabaja en determinar las responsabilidades penales del recital del 11 de marzo pasado, se apresta a imputar en los próximos días a los productores de «homicidio culposo, estrago doloso, estrago culposo con peligro de muerte y lesiones». Se trata de delitos gravísimos, que tienen penas mínimas de 3 años y máximas que escalan a los 20 años.

Afuera, quedan tanto Solari, como el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli; los policías que intervinieron en el operativo, como ningún funcionario provincial o municipal que intervino en las distintas etapas de la organización del recital. La imputación deberá tener una definición del juez que entienden en el caso, Carlos Villamarín, que tendrá que resolver si procesa o amplía la acusación.