Ambas decisiones fueron adoptadas mediante el decreto 295/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial.
El legislador por Tucumán, Carlos Cisneros, señaló que su solicitud es “por inhabilidad moral e indignidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional”.
También fueron convocados a prestar declaración testimonial el juez de La Plata, Luis Carzoglio, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
El legislador nacional afirmó que "toda la teoría de que María Eugenia Vidal no tenía nada que ver con la AFI es una gran mentira y una falsedad absoluta".
El abogado del dirigente de la Uocra consideró que la ex gobernadora de Buenos Aires “mintió” cuando se refirió a la presencia de algunos funcionarios de su entorno en la reunión y denunció que “intentó condicionar a la Justicia”.
Así lo explicó el ex juez platense, Luis Arias, destituido por iniciativa de Cambiemos, tras el fallo que interrumpió el aumento de tarifas y otros que irritaron a intereses privados. La mesa judicial del macrismo puso al desnudo los procedimientos que utilizaban sobre quienes se interponían en sus negocios.
El cotitular de la histórica central sindical recordó que fueron ellos quienes lograron “que la única ley que no pudo aprobar el Congreso (durante el gobierno de Macri) fuera la reforma laboral” y que por ello comenzó “un ataque sistemático al movimiento obrero”.
Elisa Carrió presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para reformar estructuralmente el sistema de inteligencia nacional, mediante la derogación de las leyes que crearon la AFI y la ex Secretaria de Inteligencia de Estado (SIDE).
Lo pidió la presidenta del bloque del Frente de Todos (FdT) en la Cámara de Senadores bonaerense, Teresa García. Fue tras conocerse que exfuncionarios de Vidal fueron denunciados por promover el armado de causas contra dirigentes gremiales.
En uno de los videos encontrados se ve a al ex ministro de Trabajo, Marcelo Villegas, proponiendo formar ante otros funcionarios y empresarios “una Gestapo contra los gremios” con el objetivo de “destruir el movimiento sindical”.
La medida constituye la cuarta prórroga desde diciembre del 2019, fecha en la que asumió el actual Gobierno.
La ausencia del expresidente fue confirmada por la máxima autoridad partidaria del PRO, Patricia Bullrich, quien argumentó que su jefe político actualmente se encuentra "cumpliendo compromisos internacionales".