Con esta decisión, quedó firme lo actuado por el juez y el fiscal de primera instancia, lo que permite que continúe la investigación sobre irregularidades en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad por parte del Estado nacional.
El aumento de costos y el congelamiento de la tarifa hizo perder la mitad de los vehículos destinados al sector desde diciembre de 2023, según aseguró el titular de Atraes, Pablo Bolego.
En su fallo, el magistrado recordó que el mismo planteo ya había sido presentado y rechazado en septiembre pasado, cuando la defensa de otros imputados (en alusión a los hermanos Kovalivker, de la Droguería Suizo Argentina) había alegado argumentos similares: que la investigación se inició a partir de audios difundidos por la prensa, presuntamente adulterados, y que su incorporación vulneró derechos fundamentales.
El informe, elaborado por la firma europea Graudio Forensics, con base en Madrid, señala que los audios carecen de continuidad temporal, presentan múltiples cortes y ediciones, y exhiben «características compatibles con manipulación intencionada».
«ANDIS se constituyó como una agencia en la cual existió un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas y, en consecuencia, por las características, de defraudación al erario nacional, instrumentado mediante el uso del sistema informático SIIPFIS como herramienta de aparente transparencia», agregó el fiscal.
