La magistrada, además, les dictó un embargo de $5 millones. La resolución judicial también alcanzó a Iván Díaz Bianchi, empleado administrativo del Hospital provincial Cetrángolo de Vicente López.
La jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, dispuso una fianza de 30 millones de pesos. Además debe presentarse una vez por semana en el juzgado de la magistrada.
El tribunal sostuvo que no había «causal obstativa razonable y concreta» para que se la privara de libertad mientras avanza la investigación. La causa permanecía bajo secreto de sumario caratulada como «averiguación de delito”, lo que generó las sospechas y acusaciones de la oposición sobre una supuesta persecución política
