Según la organización no gubernamental, el gasto público en Argentina cayó más de 41% en términos reales entre 2023 y 2025, mientras crecieron o resistieron mejor los fondos para seguridad e inteligencia.
De acuerdo con los registros de organizaciones de derechos humanos, entre 2024 y 2025 se contabilizaron al menos 2.557 personas afectadas por el uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza, incluyendo impactos de balas de goma en cabeza y rostro, exposición a gases lacrimógenos y gas pimienta, golpes con bastón y violencia física generalizada.
El organismo subrayó «prácticas propias de gobiernos autoritarios» en los doce meses de gestión libertaria, que se ven graficadas en 1.155 personas heridas, de las cuales 33 tienen impactos de balas de goma en la cabeza.
La ONG acusó directamente a Argentina por la aplicación de una estrategia energética que depende excesivamente de los combustibles fósiles, al tiempo que se siguen emitiendo permisos de exploración de petróleo y gas.
Para las autoridades los activistas fueron condenados por «desobediencia, manifestación no autorizada y ultraje a los efectivos de las fuerzas públicas».
