El fallo apelado alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la normativa, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
El Poder Ejecutivo presentó un recurso contra la resolución del juez Cormick que declaró inconstitucional el decreto presidencial y lo obligaba a entregar las partidas presupuestarias.
El tribunal consideró que De Marinis había cuestionado una decisión de política criminal adoptada por el Congreso sin demostrar que la reducción de la edad de punibilidad contradijera una disposición de la Constitución Nacional o de los tratados internacionales de derechos humanos.
Los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorenz sostuvieron en esa oportunidad que con el paso del tiempo existía “un escenario que evidencia un debilitamiento de la teoría del caso” y que la hipótesis de estafa había quedado “diluida” por falta de pruebas.
Sobre esta presentación deberá pronunciarse la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.
