Establece las condiciones para el intercambio de gas natural y energía eléctrica entre ambos países. El acuerdo fue suscripto por el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y su par chileno.
El aumento del gasoil contrarió a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), cuyo presidente, Dardo Chiesa, criticó al gobierno y lo acusó de ejercer una política de combustibles "imprevisible".
El "sinceramiento" de precios encarado por el gobierno, desde diciembre de 2015 obliga a ajustar gastos en una familia tipo y revela algunas inquinas hacia adentro del equipo económico.
Las empresas YPF y Shell incrementaron sus productos en un promedio del 6%. El resto de las compañías subirán sus precios en las próximas horas. El gobierno liberó su valor en septiembre.
El gobierno apuesta a la explotación de la reservas de litio en el noroeste del país, para lo cual comparte información con EE.UU. Críticas por desantender el impacto ambiental.
La electricidad para usuarios residenciales aumentará un 34% y el gas hasta un 57% entre diciembre y febrero de 2018. El ministro aseguró que mermarán los cortes de energía.
Durante la conferencia de prensa pactada cerca del mediodía, el ministro de Energía anunciaría también una limitación a los alcances de la tarifa social en el uso del gas.
El ministro de Energía y Minería precisó que el Gobierno ordenará a las empresas distribuidoras aumentar las tarifas de los dos servicios. A la vez que el funcionario aclaró que en Capital Federal y Gran Buenos Aires el aumento será mayor que en el interior.
"Macri conoce mis antecedentes", declaró el ministro de Energía luego de haberse visto implicado en el escándalo internacional de corrupción financiera.
La ONG Asamblea por los Derechos Sociales solicitó que se debata el precio de la tarifa en la ciudad, ya que “la mayoría de los consumidores de la provincia se encuentra en Rosario”.
El organismo, encabezado por Laura Alonso, envió requerimientos a los funcionarios nacionales para que aclaren su participación en cuentas offshore en paraísos fiscales.
El punto central del proyecto de ley impulsado por el ministro de Energía establece que se "impida que las petroleras puedan imponer a las estaciones de servicio los precios de venta al público".