La Corte Suprema dejó firme la medida cautelar que instruye al Gobierno nacional a implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, y el diputado nacional Esteban Paulón consideró que el fallo “pone orden” en el sistema institucional.
En una dura exposición parlamentaria, referentes de derechos humanos criticaron la alarmante arbitrariedad y lentitud de la Justicia Federal. Advirtieron que, de los 1.237 condenados en el país, apenas 82 están en cárceles comunes.
La senadora nacional de Jujuy, explicó que la iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por las restricciones al trabajo periodístico en la Casa Rosada, que encendieron alertas sobre un retroceso en materia de transparencia institucional cuando el Gobierno dio de baja la totalidad de las acreditaciones en Balcarce 50.
El legislador santafecino cargó contra el titular del Palacio de Hacienda en la Justicia por entender que incurrió en «abuso de autoridad y destrucción o inutilización de registros públicos, basándose en la suspensión arbitraria del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ya se encontraba técnicamente finalizado
La medida se ampara en los precedentes de la Corte Suprema que reconocieron el derecho de los trabajadores a la indemnización por despido arbitrario, y a su vez busca que los trabajadores logren la estabilidad luego de transcurridos 10 años sin que el Estado haya llevado adelante los concursos que fija la ley.
