El máximo tribunal penal, consideró que el procesamiento dictado por el difunto juez Claudio Bonadio y confirmado por la Cámara Federal "no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones".
Según la Cámara Federal, solo se probaron las maniobras por parte de algunos agentes que integraban el grupo "SuperMarioBross" y descartaron la existencia de una asociación ilícita.
Lo hicieron por haber "despojado" la fortuna de Diego a partir de la firma de contratos con el uso de su imagen.
El ex jefe de de la delegación de la Policía Federal Argentina de Santa Fe fue condenado como líder de una organización delictiva con una finalidad recaudatoria, que funcionó desde que asumió el cargo en marzo de 2018 hasta su detención en mayo del año siguiente. La fiscalía había solicitado una pena de ocho años de prisión.
Se trata de Verónica Gabriela A. y Brisa Ayelén L., quienes fueron acusadas por vender estupefacientes, amenazar a personas y efectuar balaceras contra viviendas y comerciantes que se negaban a pagar dinero a cambio de “seguridad”.
Este miércoles culminó la audiencia imputativa contra ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita, cuya oficina se ubicaba en San Lorenzo al 1.000, que se dedicaba a la usura, a la compra/venta de inmuebles, al comercio de estupefacientes y a gestionar una flota de taxis mediante la cual, se cree, se lavaba dinero proveniente del delito.
A Mauro Emanuel V., lo acusan de conducir, desde la cárcel, una organización que baleaba viviendas y extorsionaba a los vecinos en los barrios Tablada y República de la Sexta, con la venta de estupefacientes como telón de fondo.
El joven de 26 años, que se encontraba prófugo de la justicia, fue detenido este martes luego de que agentes de la AIC realizaron un allanamiento en una vivienda de Grandoli al 3.800. El jueves se lo imputará por integrar una asociación ilícita y efectuar para ella balaceras, robos y extorsiones.
Los cinco individuos fueron acusados de integrar una asociación ilícita que se dedicaba a robar casas y sustraer objetos de valor. Uno de los imputados también fue acusado por robar un teléfono celular de un comercio céntrico.
A Ungaro y a Funes los condenaron por ser jefe e integrante de una asociación ilícita, respectivamente, pero a este último también se lo juzgó por un homicidio y dos tentativas, por amenazas, abuso y uso ilegítimo de arma de fuego.
A H.H.Q. se lo imputó por los delitos de “tentativa de extorsión” y “asociación ilícita” y se dispuso su prisión preventiva por dos años. Según la investigación, el acusado formaba parte de una organización de Los Monos que exigía dinero a comerciantes de la ciudad a cambio de seguridad.
La jueza de garantías, resolvió que no se puede "poner en cabeza del enjaretado la ocurrencia de diversos hechos delictivos, ni se ha constatado la existencia de delitos particulares en donde el mismo haya tenido participación".