El abogado José Luis Vázquez detalló que hizo la presentación anoche "por falta de imparcialidad". Y aseguró que ambos funcionarios están "desviados de su acción" y que "están contaminados por la política y por el Poder Ejecutivo".
Una foto que para muchos era imposible: la faja de clausura en la sede de la agroexportadora con el sello de la Agencia de Investigación Ciminal. La misma fue colocada tras los múltiples allanamientos realizados este lunes, requeridos por el fiscal Moreno. Mientras tanto, el juez Postma determinó que la causa penal por estafa quede bajo competencia rosarina.
Los procedimientos fueron en distintos puntos de la provincia. Cuatro de los efectivos están retirados y uno en actividad. Como denominador común tienen que todos ocuparon cargos jerárquicos en la Unidad Regional V de Rafaela.
Los fiscales de la causa en la que se entrecruzan el crimen del City Center, balaceras, extorsiones y policías, descubrieron que alguien de la Fiscalía pasaba información a la organización criminal y señalaron que hay al menos 20 denuncias que se vinculan a esta investigación. Además, remarcaron que las conexiones a la banda de Las Flores deben ser leída en un contexto de mutación de la misma, lejos de la realidad del 2013 o 2014.
En la presentación escrita ante el organismo internacional explica que fue "encarcelado con la excusa de supuestos delitos cometidos" en el ejercicio de sus funciones. También resaltó que "a casi tres años de la embestida, aún no hubo ningún juicio".
En una audiencia por teleconferencia que tuvo lugar este lunes, prologaron hasta abril del 2021 la prisión preventiva para Ungaro, a quien en esta oportunidad se lo acusa de liderar una asciación ilícita.
La justicia consideró que los imputados implementaron un "mecanismo recaudatorio" a través de narcos a los que les cobraban para encubrirlos y brindarle protección policial.
F.G.S., de 27 años y Y.A.G., de 19 fueron imputados por mantener una asociación ilícita, realizar amenazas coactivas, abuso de armas y encubrimiento, todo agravado por la participación de un menor de edad.
La medida fue tomada por el Ministerio de Trabajo, por la investigación a partir de la cual perdieron su libertad los dirigentes Mauricio Saillén y Pascual Catrambone. El interventor designado es Alberto Ricardo Ramón Simón.
Se trata de Rafael Grau y Omar Odriozola, acusados de realizar maniobras ilícitas en la reparación de móviles policiales. Además, hay otras nueve personas de la misma banda que ya fueron condenadas y ya se recuperaron más de cinco millones de pesos.
El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla también le trabó un embargo por 10 millones de pesos al fiscal.
El empresario de la carne, quien se encuentra en prisión domiciliaria por cuestiones de salud, fue juzgado como supuesto integrante de una asociación ilícita.