El convenio comenzará a regir en julio en las plantas de Garín y Baradero. La herramienta permitirá adaptar las jornadas de trabajo a la demanda productiva y es presentada por la empresa y el sindicato como una alternativa para sostener el empleo en un sector golpeado.
El máximo tribunal determinó que la constitucionalidad de la norma debe resolverse primero en las instancias previas como las cámaras de apelaciones.
La delegación local del gremio de la Sanidad rechazó la reforma laboral aprobada por el Congreso porque, sostuvo, “representa un avance contra la clase trabajadora” y restringe derechos a los empleados.
La crítica del legislador y constitucionalista cordobés, Juan Brugge, pivoteó sobre los derechos del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, donde detalló que la reforma vulnera el principio de «progresividad al modificar aspectos esenciales como salario, indemnizaciones, jornada laboral, licencias y negociación colectiva».
