La protesta, que tendrá réplicas en varias ciudades del país, exige que el gobierno de Javier Milei aplique la Ley de Financiamiento Universitario y, de esa manera, recomponga los salarios de docentes y no docentes, como así también las becas estudiantiles y los presupuestos para que las casas de altos estudios sigan funcionando.
Un juzgado contencioso administrativo hizo lugar a una medida cautelar solicitada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que solicitó que se implementen dos artículos de la ley de financiamiento superior.
La Universidad Nacional de Rosario apuesta a través de este programa de ayuda, y que suma para esta edición, el trabajo en conjunto con los seis Distritos descentralizados Municipal, en garantizar que los estudiantes que presenten dificultades sociales y económicas puedan acceder, permanecer y concluir sus estudios superiores.
