Se trata de un editorial de Carlos Pagni en que apuntó contra la "doctrina De Vido-Boudou", según la cual a un funcionario o ex funcionario le cabría prisión preventiva.
Entre otras consideraciones, la ex presidenta reafirmó que "las negociaciones diplomáticas son cuestiones políticas no justiciables, debido a que las mismas son facultades que la Constitución Argentina pone en cabeza del Poder Ejecutivo Nacional".
Lo dijo la ex presidenta y senadora electa por la provincia de Buenos Aires en el escrito que presentó al ser indagada en Comodoro Py por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA, en la que fue denunciada por el fallecido fiscal Alberto Nisman.
El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y a su ex segundo, Roberto Baratta, de quien dispuso su detención inmediata.
El ex canciller hizo alusión a su estado de salud y aclaró, a su vez, en un escrito que solicitó al juzgado del juez Bonadio presentarse a declarar, sin embargo "nunca obtuvo respuesta".
La resolución, con fecha para el próximo 26 de octubre, alcanzó también al ex secretario general de presidencia y ex titular de la AFI Oscar Parrilli, y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros.
El magistrado resolvió la unificación luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara indagar a la ex presidenta por encubrimiento del atentado a la Amia que había hecho el fallecido fiscal Nisman.
El juez federal intimó a ambas para que paguen expensas y gastos adeudados de los inmuebles donde viven, propiedad de la firma Los Sauces, según denunció hoy el abogado de la familia, Carlos Beraldi.
El juez federal trabó un embargo en contra del actual diputado nacional por 1.000 millones de pesos. Se le imputa el “haber intervenido en el hecho que ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente $609.326.186,25".
La ex presidenta lo hizo a través de sus abogados Alejandro Rúa y Graciela Peñafort, luego de que la semana pasada la Cámara Federal determinara que el juez debía quedar al frente de la indagación.
El presidente de la Cámara Federal, Martín Irurzun, fue quien determinó que sea el juez federal quien investigue la causa del fallecido fiscal en la que se incrimina a la ex presidenta y otros funcionarios por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA.
El ex funcionario, señaló que la actitud del juez federal es "arbitraria, persecutoria y difamatoria". Se trata de la causa en la que el juez lo procesó por la impresión de un libro encargado por la Secretaría General de la Presidencia a la Casa de la Moneda.