Aída Ayala está procesada por lavado de dinero. Para la Cámara de Apelaciones "quedó acreditado que se consolidó una asociación ilícita de carácter estable y permanente”.
La Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por los jueces Carlos Balbín, Esteban Centanaro y Mariana Díaz, rechazó de forma unánime un recurso de Jumbo Retail SA contra la disposición 4213 de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la Ciudad de Buenos […]
Los abogados del expresidente de Brasil apelaron anoche al Supremo Tribunal Federal para evitar su detención bajo el argumento de que no se agotaron todos los recursos procesales.
En un fallo sin precedentes, la Cámara de Apelaciones resolvió adjudicarle a Juan Carlos Shmit el delito de homicidio simple con dolo eventual, revocando la sentencia por homicidio culposo.
Tal como lo hizo la semana pasada el gobierno de Santa Fe, el Estado municipal defendió también la ordenanza sancionada por el Concejo Municipal, a través de la cual Rosario adhiere a la normativa provincial. Conclusión conversó con la subsecretaria legal y técnica del municipio, Carmen.
Conclusión habló con Gabriel Chumpitaz (del PRO), Eduardo Toniolli (Partido Justicialista) y Sebastián Chale (Radicales Progresistas), quienes brindaron su opinión al respecto de la medida y si veían confrontación entre los tres poderes del Estado.
La sala 3ª de la Cámara en lo Civil y Comercial decidió favorecer a las grandes cadenas de supermercados, Coto y Carrefour, en contra del dictamen anterior de la Justicia que había dicho que era constitucional.
La Sala X de la Cámara del Trabajo ratificó el fallo en primera instancia y le rechazó la habilitación al arquero, que ante el cansancio de la dirigencia canalla deberá volver a Independiente.
El tribunal de segunda instancia ratificó el fallo de la magistrada Gentile. Así, la norma que impone el cierre de los comercios de superficies mayores a los 1.200 metros cuadrados sigue vigente en Rosario.
El Máximo Tribunal confirmó que todo ciudadano tiene derecho a la información que sea de interés general y que estuviese en poder del Estado Nacional o sus reparticiones al confirmar una sentencia de la Cámara.