Estás declaraciones sucedieron ante el fiscal Gerardo Pollicita y en los tribunales federales de Comodoro Py, en el marco de una causa penal que investiga al ex funcionario por presunto enriquecimiento ilícito e inconsistencias en su patrimonio.
En la misma línea, Tabar aseguró que sería «descabellado» pensar que el funcionario le enviara «presiones» a causa de sus gastos que, según consta en su testimonio ante la Justicia, sería de un total de de U$S 245.000, valor que consideró «lógico» para ese tipo de reestructuraciones.
El pedido está firmado por representantes del radicalismo, el PRO, el Frente Cívico, el juecismo, el vecinalismo y otros sectores de la oposición. Los denunciantes solicitaron la apertura formal de los procesos, la suspensión preventiva de los dos funcionarios y su destitución, consecuente a irregularidades en el desempeño de sus capacidades.
Los informes preliminares permitieron establecer una estimación sobre el momento en que ocurrió el crimen y aportaron elementos relevantes para el avance de la investigación, que este lunes sumó nuevos capítulos judiciales.
El planteo se realizó durante una conferencia de prensa en la explanada de la Unicameral, donde también reclamaron la expulsión del concejal Ricardo Moreno, señalado por sus vínculos políticos con Claudio Barrelier, el único detenido e imputado por el crimen de la adolescente de 14 años.
