El tribunal de apelaciones confirmó la mayoría de los procesamientos dispuestos por jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yañez, sobre altos mandos de la Armada, pero revocó la desvinculación de la investigación a Macri y a sus exfuncionarios.
Se trata del caso que había sido cerrado por sobreseimiento en 2009 por el ex juez Norberto Oyarbide, pero que durante el gobierno de Mauricio Macri la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió que se reabriera.
En uno de los domicilios allanados, fue detenido un joven de 22 años que está sospechado de haber participado en la logística y organización del homicidio y que será imputado a fin de semana. Además se secuestró material de interés y cuatro teléfonos celulares.
La líder de la Tupac Amaru cumple condena desde enero de 2016 por la causa "Pibes villeros", en la que fue condenada por el delito de asociación ilícita a 13 años de prisión por la malversación de 29 millones de pesos en el programa "Mejor vivir 2".
La jueza María Eugenia Capuchetti rechazó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para que se suspenda cualquier actividad relacionada con el Observatorio.
Las entidades financieras reclaman acreencias por alrededor de U$S 500 millones en el concurso preventivo de la cerealera y quieren saber si la empresa presentó “información financiera falsa para obtener créditos por cientos de millones de dólares”.
Quien hasta estos días se desempeñaba al frente de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte había sido denunciado por una mujer policía y, de acuerdo a lo que figura en el escrito, hubo "maltrato psicológico", "agravios" hacia el personal femenino en general, "manoseos" y "discriminación salarial" con relación al resto del personal.
El ex secretario General de Interpol cree que el organismo que presidió "debe asistir a la justicia argentina en la investigación de este asunto" y debe permitirle "que brinde testimonio" o bien responder directamente las consultas a través de la oficina del organismo en Buenos Aires.
Había sido condenada a 4 años de prisión por lesiones graves contra un referente social. “Decíamos que esta persecución era totalmente inconstitucional, ilegal e ilegítima”, afirmó uno de sus abogados.
Desde octubre del año pasado la Justicia investiga el accionar de una organización criminal que se apoderaba ilegalmente de petróleo propiedad del Estado nacional y contaba con una compleja estructura comercial para destilar y refinar el crudo, y finalmente insertar los productos derivados en el mercado formal e informal.
La Cámara Federal de San Martín ratificó la situación judicial del ex sindicalista por administración fraudulenta en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto General San Martín y lavado de activos.
La investigación derivó en la acusación a dos fiscales por recibir dinero para brindar protección judicial a los organizadores de la actividad clandestina.