El equipo de investigadores estudió el caso entre marzo de 2015 y abril de 2016 y en su reporte final cuestionó las conclusiones del informe oficial además de denunciar irregularidades graves en el curso de la investigación.
La audiencia de alegatos comenzará a las 10.30 de este lunes y último paso antes de que la Comisión dicte el informe de admisibilidad y fondo y declare la "responsabilidad internacional del Estado argentino por la falta de prevención del atentado, el desvío y encubrimiento de la investigación, la denegación de justicia y la falta de verdad".
Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano confirmaron a la agencia de noticias EFE la llegada del contingente de especialistas, aunque no dieron precisiones sobre quienes lo integran ni cuánto estarán en el país, argumentando que se trata de un trabajo independiente que dispone de agenda propia.
Una delegación del organismo internacional de Derechos Humanos llega mañana a nuestro país. Lo hace a 40 años de la inspección realizada en pleno gobierno defacto.
La CIDH lamentó la falta de voluntad del Estado de Nicaragua para el restablecimiento de las libertades y derechos de toda la población.
La investigación oficial del anterior gobierno de Enrique Peña Nieto apuntó como "verdad histórica" que los 43 estudiantes fueron desaparecidos por policías del municipio de Iguala, que los entregaron a criminales que los asesinaron y quemaron en un vertedero de basura. Pero la CIDH revisó el caso y echó abajo la versión oficial.
El organismo afirmó que es una obligación de los estados modificar los patrones sociales de discriminación para defender a la comunidad.
Eso dice, palabras más, palabras menos, un documento judicial escrito y firmado con los nombres completos, dos días después de Navidad, por Julian Paul Assange, fundador del sitio de megafiltraciones WikiLeaks.org, y su abogado, el legendario ex juez español Baltasar Garzón Real.
El Máximo Tribunal de la Nación ordenó al Superior Tribunal Jujeño que revierta de manera inmediata la decisión tomada la semana pasada de enviar a Milagro Sala a una cárcel federal. Por lo tanto la líder de la Tupac Amaru deberá volver a cumplir la prisión preventiva bajo el régimen de arresto domiciliario, tal como había dispuesto la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Ocurrieron durante las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y aseguraron que la policía y los grupos paramilitares desarrollaron un patrón de violencia contra los manifestantes.
La presentación se realizará la próxima semana ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para limitar el accionar del juez por haber expuesto sus deseos para que el presidente Mauricio Macri se vaya antes.
A través de un comunicado, el organismo llamó a las autoridades a investigar el actuar de las fuerzas policiales durante el operativo que se desarrolló en las protestas frente al palacio legislativo contra la reforma previsional.