La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una medida previsional a favor de la dirigente social y pidió al gobierno nacional que sustituya la prisión preventiva en el penal.
Sergio Maldonado, hermano del joven de 28 años encontrado en el río Chubut, encabezó una conferencia de prensa en la sede de Aministía Internacional para remarcar que mantienen su postura frente al caso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó ayer en Montevideo una audiencia a la que asistieron además funcionarios del Gobierno, familiares de Santiago Maldonado y quienes solicitaron una ampliación de las medidas.
El organismo planificó el encuentro para el día miércoles, en donde se tratara el "incumplimiento" de la medida cautelar que había sido dispuesta a fines de julio pasado en resguardo de la vida e integridad personal de la dirigente social.
Así lo declaró Francisco Eguiguren, presidente del organismo, quien sostuvo que "tienen que darle cumplimiento" a la medida solicitada sobre la libertad de la líder de la Tupac Amaru, que fue fundamentada con "argumentos jurídicos".
El organismo convocó para el 26 de octubre a la familia de Santiago Maldonado y al gobierno de Mauricio Macri para reunirse en Uruguay, y analizar las acciones que se llevan adelante para saber qué pasó con el artesano.
La líder de la Tupac Amaru, reconoció que preveía la posibilidad de que la Justicia provincial revocara el beneficio de cumplir la prisión preventiva en su domicilio del barrio El Carmen, en las afueras de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y la trasladaran nuevamente al Penal de Alto Comedero.
Se celebrará una audiencia el próximo mes en Montevideo en la que se expondrán denuncias contra el Estado Argentino por ataque a abogados laboralistas y sindicatos.
El presidente del organismo, Francisco Eguiguren, confirmó que citará a funcionarios del gobierno argentino a una reunión en Montevideo para dialogar sobre la búsqueda del joven desparecido hace más de un mes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dispuesto que Milagro Sala no podía permanecer en la cárcel y había solicitado que se garantice la vida e integridad personal de la dirigente social con medidas alternativas a la detención preventiva.
El fiscal de Investigación 1 de Jujuy había reclamado la anulación de las actuaciones del organismo internacional, debido a que había considerado que "se omitió darle legal intervención" al Ministerio Público de la Acusación ante la cautelar presentada por Sala.
Diego Cussel solicitó al juez Gastón Mercau que se declare "la nulidad de todas las actuaciones en la presente causa que no cuenten con la legal intervención del Ministerio Público de la Acusación".