La decisión judicial quedó plasmada en el fallo del juez federal Martín Cormick. El Poder Ejecutivo había argumentado que la norma no especificaba de dónde sacar los recursos para financiarla, pero el magistrado resaltó que el planteo es «irrazonable» porque «existe un artículo que da pautas sobre la cuestión».
El objetivo fue exigirle al Gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la recomposición salarial docente y no docente. La convocatoria se replica en distintos puntos del país.
Los diferentes actores de la comunidad educativa resaltan que, si bien la necesidad de recursos se divisa en todas las áreas, la prioridad está en lo salarial y la necesidad de actualizar los montos de las becas estudiantiles.
En el sector resaltan que, si bien todo el sistema requiere una actualización de partidas que hagan frente a la incesante escalada inflacionaria, la prioridad está en el terreno salarial y en los programas de becas a estudiantes.
Desde la Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales subrayaron que la medida de fuerza será sin concurrencia del personal a los lugares de trabajo. También prevén la presentación de reclamos judiciales.
