En diálogo con Infobae, el empresario dio detalles de su declaración ante el juez Bonadio por la causa de los cuadernos
La ex presidenta y senadora nacional le manifestó hoy al Senado a través de una nota que no tiene "ningún inconveniente en que el cuerpo autorice" los allanamientos solicitados por el juez federal Claudio Bonadio.
Tanto en Rosario, en el Monumento, como en Buenos Aires en el Congreso nacional piden movilizarse, desde las 19, para expulsar del Senado a la ex mandataria.
Interesantes aportes informativos del periodista Roberto García en su editorial de los lunes con el que introduce su programa La Mirada (un clásico de Canal 26).
La ex presidenta pidió hoy la nulidad de la causa que sigue el juez federal Claudio Bonadio por presuntas coimas en obras públicas. Así lo hizo a través de un escrito que presentó en la audiencia en la que fue convocada para prestar declaración indagatoria.
Así lo admitió el ex jefe de Gabinete al tiempo que señaló que quien lo recolectaba era el el entonces secretario Roberto Baratta, aunque sostuvo que siempre entendió que "dichos aportes eran voluntarios y de ninguna manera exigidos bajo coerción".
"Le planteé no esperar el permiso, que ella colabore con la justicia porque en definitiva no hay absolutamente nada que esconder”, expresó. Además dijo que el juez Claudio Bonadio será recusado por la defensa de la ex mandataria.
El presidente se refirió así sobre el caso de los presuntos sobornos en la obra pública y la aparición de cuadernos presentados como pruebas y pidió la aprobación de la ley de extinción de dominio para "recuperar la guita que nos afanaron".
Organismos de derechos humanos denunciaron que este sábado el juez federal dictó órdenes para ingresar a las viviendas de al menos dos detenidos en "busca de pruebas". Algunos manifestantes pasaron más de 48 horas tras las rejas.
El tribunal de alzada porteño resolverá, luego de escuchar a los defensores de los detenidos con prisión preventiva y los demás procesados por supuesta traición a la patria, si avala la decisión del juez.
Lo hizo a través de su abogado Alejandro Rúa para que la Cámara Federal revise la medida impuesta por el juez de primera instancia, y lo mismo hizo respecto al embargo de 50.000.000 de pesos.
Macri lo analizó con miembros de su gabinete y consideraron que hubo "cierta sobreactuación" del magistrado al ordenar las detenciones, ya que la prisión preventiva debe ser aplicada en "situaciones específicas, y no como una atribución personal".