La presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos informó que presentó un amparo para frenar la privatización de AySA. Cuestionó los pliegos de concesión y licitación, advirtió por las 440 obras inconclusas y sostuvo que el proceso garantiza rentabilidad en dólares para las empresas a costa de los usuarios.
El consorcio Jan De Nul-Servimagnus, que explotará el corredor fluvial por 25 años, profundizará las obras de dragado, lo que afectará al ecosistema, según organizaciones ambientalistas.
El Gobierno nacional confirmó el traspaso de mando de más de 1.800 kilómetros en el marco de la Etapa II-A de la Red Federal de Concesiones de la privatización de las rutas nacionales.
La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado se activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.
La empresa, que ya opera tareas de dragado desde la década de 1990, se impuso en la licitación a la también belga DEME Group y quedó en condiciones de asumir un contrato que prevé inversiones por unos U$S10.000 millones para profundizar y ampliar la vía navegable.
