Posiciones contrapuestas en el seno del gabinete nacional. De Andreis negó que vaya a existir un “cobro adicional” por ver los partidos, mientras el jefe de Gabinete asegura que los que plantearon romper el contrato “no fue Macri, sino los dirigentes”.
Los dirigentes de la entidad madre del fútbol argentino y la Súper Liga planean terminar con el acuerdo a principios de 2017. Piden llamar a una nueva licitación.
El monto se acerca a lo que gana un ministro y la difusión de la información generó indignación y burlas en las redes sociales. El contrato data de 2012 y el vocero del gobierno confirmó el dato.
Así lo afirmó el senador nacional refiriéndose al incumplimiento del fallo que ordenó ejecutar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordena se revele la totalidad del acuerdo.
Los trabajos, que demandarán una inversión de casi $210 millones, los ejecutará la Unión Transitoria de Empresas compuesta por las firmas Edeca, Pecam y Rava.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal citó para hoy a las 11 al diputado santafesino y a representantes de las petroleras argentina y estadounidense para avanzar en el tema del contrato entre las partes.
Tras el entredicho ocurrido el pasado jueves en Montevideo, la dirigencia llegó a un acuerdo con el delantero y se desvinculó del club. Según trascendidos, pidió cobrar hasta el último día que trabajó y que el resto del contrato sea derivado a las inferiores.
El ministro de Infraestructura y Transporte santafesino criticó a la empresa concesionaria (Arsa SA), que "no cumplió con el contrato y solo repavimentó la tercera parte. No se cumple con lo previsto en el contrato”.
Rubén Giustiniani, actual diputado provincial de Santa Fe, y Fernando “Pino” Solanas, senador nacional, volvieron a insistir en la necesidad que se dé a conocer el convenio que firmaron ambas petroleras.
El el diputado provincial santafesino y el senador nacional de Proyecto Sur estarán hoy junto a Ricardo Lorenzetti para plantearle la preocupación por los datos confidenciales del contrato YPF-Chevrón.
La jueza María Cristina Carrión de Lorenzo dió lugar a la apelación de la empresa para mantener bajo confidencialidad las cláusulas con información de valor geológico, económico e industrial.
La petrolera estatal recurrirá el fallo. La decisión fue tomada esta mañana tras una reunión de directorio. La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal María José Sarmiento obliga a difundir la información confidencial.