La regional de la central obrera respaldó a los trabajadores de Dow y del Sindicato de Obreros Empleados Petroquímicos y no descartó una medida de fuerza en todo el cordón industrial de no avanzarse con una solución integral.
Desde la Intersindical que los agrupa expresaron que la medida de fuerza será de 24 horas con cese de actividades. Advirtieron que según como respondan las autoridades suspenderán, profundizarán o le darán continuidad a la protesta hasta la posibilidad de extender la medida geográficamente.
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos habían denunciado la cesantía por “discriminatoria y originada en el “activismo sindical del empleado”. La empresa no demostró fehacientemente los motivos del despido.
La medida, impulsada por el Ministerio de Obras Públicas, beneficiará a las localidades de Timbúes, Puerto General San Martín y San Lorenzo, con el objetivo de mejorar el corredor el teniendo en cuenta el inicio del transporte de la cosecha a los puertos.
La compañía adujo que tomó esa medida por una situación de crisis y que, según indicaron fuentes del lugar, pretende reconocer el pago de solo el 50 por ciento de las indemnizaciones, en el marco del alerta que existe en la zona por su posible cierre. Esperan el resultado de una audiencia que se celebrará el lunes en el Ministerio de Trabajo provincial.
Desde el sector de los trabajadores dijeron que el interventor no representa a los trabajadores, “sino al Ministerio de Trabajo que lo designó, y por ende no puede expresar nunca la voluntad de los afiliados”. Además expusieron que las elecciones urgentes devolverán la “verdadera representación a los afiliados”.
El secretario general del gremio, Mauricio Brizuela, se reunió con el intendente de Puerto General San Martín, Carlos De Grandis, con el secretario académico de la UNR, Marcelo Vedrovnik y con autoridades de la empresa Pampa Energía para “coordinar y avanzar en los nuevos planes integrales de formación y capacitación”.
Los estibadores presentaron una nota al interventor del SUPA, José Castro, para formalizar su pedido frente al ministro de Trabajo nacional, Claudio Moroni. Plantearon que si pueden participar ONGs ambientalistas “con más razón” tienen que hacerlo ellos.
Después de que encarcelaran a al dirigente gremial de Smata, Román Moyano, durante una protesta por el despido de trabajadores en la planta de Guerrero Motos ubicada en San Lorenzo, un conjunto de gremios se reunieron en el local de la CGT de Rosario y se declararon en estado de alerta y movilización.
Lo solicitó el interbloque Cambiemos en el Palacio Vasallo, que integran los ediles Roy López Molina (presidente), Agapito Blanco y Marcelo Megna.
La medida, que paraliza los principales puertos del país (especialmente en Rosario y el cordón industrial santafesino), ya superó las 72 horas, pero la negociación lleva semanas. Trabajadores aducen falta de respuestas y las cámaras empresarias se quejan por las pérdidas.
La conquista se extendió a la preservación de los derechos laborales, que serán mantenidos en todos sus términos, como la antigüedad en la actividad, y se logró que los trabajadores cobren un monto indemnizatorio ante el traspaso de empresas.