La norma dictada por el Gobierno nacional los faculta a prestar servicios de correo, atribución que ya tenían. El gremio del sector denunció con el nuevo decreto la actividad “quedó sin regulación”, entre ella la que le daba amparo laboral.
Desde la organización gremial indicaron que la medida «no solo afecta a los trabajadores y trabajadoras, sino que también atenta contra la calidad del servicio, la soberanía nacional y la conectividad de todo el país”.
Según contaron desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la actividad, habrá unas 12.000 personas abocadas a cumplir con diferentes tareas.
Trabajadores de la empresa estatal de correo advirtieron que comenzarán a realizar paros progresivos si no hay respuesta del gobierno ante la delicada situación.
