martes, 10 de diciembre de 2019
Los apoderados de la coalición y del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires señalaron en el escrito que se esta frente a delitos previstos en el Código Electoral Nacional y el Código Penal de Argentina.
El apoderado del Frente de Todos, formalizó una presentación en la que se pide que se investigue si se está incurriendo en la violación de la ley de Financiamiento de los Partidos Políticos y el Código Electoral.
Los damnificados se organizaron para denunciar públicamente esta situación y buscar una solución. Conclusión se hizo presente en el lugar y dialogó con ellos.
Fue en el marco del funcionamiento de la Comisión de Legislación General en Diputados. Hasta ahora la ley que rige a nivel nacional, considera conductas ilegales y delictuales (denunciables) a los actos de maltrato diferenciándola de la crueldad contra los animales.
En el epílogo de la campaña, la radical Daniela León, quien encabeza la lista de candidatos a concejal de Cambiemos, consideró en diálogo con Conclusión que “no se puede creer la involución de la ciudad después de 30 años del Frente Progresista”, y criticó la “falta de estrategia”.
Se trata de Cristian Sartor, de 29 años, y los delitos que se le atribuyen ocurrieron el pasado 15 de abril. Tiempo atrás había renunciado a su banca de edil en medio de denuncias por violencia de género.
La Cámara alta sancionó el proyecto que busca tipificar como delito el acoso callejero en el Código Penal y dio media sanción a otra iniciativa que también incluye como ilícito la violencia política contra las mujeres en sus ámbitos de trabajo.
El uso de arma de fuego para efectuar los asesinatos sigue siendo una variable de alta incidencia. Los robos y hurtos también aumentaron, según el informe del Ministerio del Interior.
La semana pasada los manifestantes ingresaron a la comisaría 9º para protestar por la situación de inseguridad que se vive en la zona. Este lunes algunos vecinos mantuvieron una reunión con Pullaro.
Al defender su gestión, Bullrich desestimó que se emplee la "mano dura" y afirmó que la política de seguridad se centra en "ser firmes contra el delito y cercanos a la gente".
La niña le contó a su madre que su abuelo paterno abusó de ellas en reiteradas ocasiones. El acusado fue puesto a disposición de la Justicia.
De acuerdo a la denuncia, los artistas habrían usado “sociedades pantalla” con varias multinacionales de la música, para eludir el pago de impuestos en sus cobros de derechos de autor; solo a Sabina se le reclaman cuatro millones.