Trabajadores de la algodonera propiedad del Grupo Vicentin fueron desalojados por la Policía esta mañana del parque industrial santafesino donde realizaban un acampe en reclamo de mejoras salariales, informó la delegada Sonia Zanel.
El concejal de Juntos por el Cambio Carlos Cardozo presentó un proyecto de decreto en donde pide abrir un período de mediación y negociación para la relocalización del templo “Manantial de Vida”, ubicado en Pellegrini 6350.
La planta no produce desde el mes de febrero por problemas económicos y los empleados evaluaron reactivarla en forma de cooperativa
Veintiún personas -cuatro de ellas menores de edad- fueron desalojados durante un allanamiento que se realizó en la tarde de este jueves en una vivienda ubicada en Mitre al 770. En tanto, los mayores de edad quedaron a disposición de la justicia.
Efectivos de la Policía Bonaerense ingresaron armados y arrinconaron a los empleados que mantenían tomada la planta de Quilmes luego del cierre dispuesto por la empresa.
Los habitantes de la pensión, ubicada en Cochabamba entre las calles Lavalle y Avellaneda, indicaron a Conclusión que hasta el día anterior al desalojo les habían cobrado el alquiler.
La Corte Suprema de la provincia de Santa Fe rechazó un recurso de queja presentado en 2016 por Oscar Licera -quien maneja el tambo- con lo cual avanza la orden de desalojo del lugar.
Una gran cantidad de organizaciones sociales y políticas apoyaron al centro cultural ante un nuevo intento de desalojo. "Este lugar le pertenece al pueblo", dijo Carlos Ghioldi a Conclusión.
Belén, la mujer que vive junto a sus hijos en el lugar, explicó que se presentó en la dirección provincial de Vivienda y Urbanismo (DPVyU) para pedir que se regularice su situación.
Según indicó una de las abogadas que los representa, en su momento debería haberse iniciado un juicio por usurpación, dado que los vecinos viven allí desde hace “muchos años” y es “una zona consolidada”. En tal sentido, uno de los residentes recordó que vive en el lugar desde 1978.
En ese edificio se encuentran la gran mayoría de las oficinas de legisladores nacionales, además de las salas donde se reúnen las comisiones de la Cámara baja. Este lunes había tenido lugar un hecho casi idéntico.
Luego de la denuncia realizada por la empresa, que ellos consideran fue por una “insólita acusación” que se demostró “falsa” y es “lógicamente absurda”, los empleados despedidos fueron amenazados con represión policial para echarlos de la planta. Piden intervención del Ministerio de Trabajo y del gobierno provincial.