De este modo, la combinación entre recorte de fondos y reducción de funciones expone un cambio más profundo, directamente asociado al desmantelamiento de las capacidades productivas nacionales: no solo se achica el organismo, sino también su rol estratégico dentro de la economía real.
La medida de fuerza fue decidida en repudio al acuerdo firmado entre el Gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para transferir las competencias de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita porteña.
Así lo advirtió el médico y magíster en Administración de Servicios de Salud, Oscar Atienza, quien remarcó que este escenario suele derivar en la saturación de los sistemas de salud.
Desde el 1º de enero despidió al equipo de especialistas que coordinaba en todo el país el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas (PNCC), aprobado por ley en 2023, con el voto negativo de Milei.
El secretario general del Soepu expuso que «cuando un país renuncia a su industria, renuncia también a su futuro», que «no hay proyecto de Nación viable si se condena a los trabajadores al desempleo y a la pobreza» y que «la Argentina necesita producción, no desmantelamiento».
