Esta estrategia comenzó a materializarse con la sanción de la Resolución 64/2026 de la Secretaría de Minería, una norma que borró de un plumazo el «Proyecto Federal de Fortalecimiento de Capacidades de Monitoreo de Variables Ambientales de la Minería».
En ese sentido, la principal fuerza opositora indicó que el retiro del Estado de la planificación y financiamiento de obras deja «que la ampliación de la infraestructura energética, fundamental para el desarrollo de la economía nacional, dependa exclusivamente de la ecuación económica del inversor».
El funcionario igualmente indicó que este proceso de desregulaciones no culminará cuando termine ese plazo, sino que tendrá una etapa posterior luego de las elecciones de octubre.
No se trata de una iniciativa nueva. Está incluida en la Ley Nacional de Tránsito, vigente desde 1995 pero nunca llevada a la práctica.
Si bien muchos seguidores de LLA apoyaron la medida impulsada por el Ejecutivo, otros manifestaron que el oficialismo tiene las prioridades desordenadas y que dicho proyecto no radicará en una mejora de los niveles de vida de la población porque aborda normativas que -tal argumenta el propio Federico Sturzenegger- están fuera de aplicación.
