"Se hace imposible seguir con servicio ante brutal aumento del combustibles y otros insumos", señaló Pablo Bolego, presidente Atraes. La medida durará hasta tanto el gobierno nacional y provincial otorgue un reajuste arancelario.
A través de la Resolución 1907/2023, el Gobierno dio a conocer la novedad para los beneficiarios.
Instituciones que trabajan con personas con discapacidad solicitaron un encuentro con representantes del próximo gobierno nacional para conocer las políticas que se implementarán para el sector.
El refugio se ubica en Santiago del Estero y ha rescatado a más de 5000 perros que se encontraban en situación de abandono y padecían alguna enfermedad
Podrán inscribirse como postulantes en el registro laboral de personas con discapacidad quienes sean mayores de 18 años y posean Certificado Único de Discapacidad vigente al momento de la inscripción.
A partir de este miércoles los planes sociales se convertirán en "programas de inclusión laboral" y sus beneficiarios deberán cumplir con la contraprestación correspondiente.
Los sectores de discapacidad advirtieron que no tolerarán “ningún tipo de alteración o modificación que signifique un retroceso” en lo que establece la Ley 24.901, que regula y establece el Sistema Integral de Prestaciones para las personas con discapacidad, las pensiones no contributivas, la Ley de Cupo laboral y el programa federal Incluir Salud.
Los transportistas que ofrecen el servicio de traslado para personas con diferentes discapacidades, realizaron la semana pasada una movilización y concentración en la puerta del PAMI en Rosario, a fin de reclamar el pago atrasado en las prestaciones de servicio. Desde la Asociación de Transportistas Especiales de la provincia de Santa Fe (ATRAES) sostienen que "cuesta muchísimo salir a trabajar".
“Esto da posibilidad a las personas que no tienen obra social, que no tienen prepaga y que son beneficiarias de pensiones no contributivas, de poder acceder a los derechos que tienen todas las personas con discapacidad”, detallaron a Conclusión.
El titular de la Asociación de Transportistas Especiales, Pablo Bolego, detalló que la obra social de los jubilados les está debiendo los pagos de las prestaciones de mayo, junio y julio. Adelantó que si no hay respuesta, las medidas de fuerza se incrementarán la semana próxima.
La iniciativa de la diputada Gisela Marziotta comenzará a tratarse en la Comisión de Discapacidad, este jueves. Si luego es aprobada sería obligatoria para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en los tres poderes del Estado nacional.
Los sectores que trabajan con personas con discapacidad denuncian desde hace tiempo que IAPOS paga menos aranceles que el nomenclador nacional, por lo que las instituciones vienen bregando por su equiparación en virtud de que no se decaiga el servicio.