La interventoera de la AFI aseguró que “la gente ve lejana la posibilidad de que la espíen”.
Familiares de víctimas de los tripulantes del ARA San Juan rechazaron que el expresidente haya solicitado "nuevamente, autorización para salir del país sin informar el motivo", y denunciaron que el ex mandatario dispone de "privilegios cedidos" por el juez Julián Ercolini, cargo de la causa por espionaje ilegal.
El cosecretario general de la CGT aseguró que el pedido de detención a dirigentes camioneros de San Nicolás “es un mensaje para los que protestan” y apuntó contra el macrismo. Subrayó que "la justicia está condicionada por la política".
La resolución fue dictada por el juez de la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, Sebastián Creus, que ordenó a los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez, digitalizar todas las pruebas del caso y ponerlas a disposición de los abogados defensores.
Se trata de José Luis Vila, exsubsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa durante el Gobierno de Cambiemos.
También fueron convocados a prestar declaración testimonial el juez de La Plata, Luis Carzoglio, y la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
Así lo resolvió el juez Jorge Patrizi al hacer lugar al pedido del abogado defensor de Marcelo Sain y dejó sin efecto la resolución previa que ordenaba extender el plazo de reserva en la causa que investiga presunto espionaje ilegal.
La causa se abrió el 26 de noviembre del 2021, cuando a partir de denuncias de recolección de información a través de prácticas ilegales, se allanaron las sedes de los ministerios de Seguridad de Rosario y Santa Fe.
La ex titular de la Agencia de Control Policial dialogó con Conclusión sobre las acusaciones de espionaje ilegal y la causa que se impulsa en su contra, y aseguró no tener duda de que esta investigación, plagada de ilegalidades, es una reacción a la gestión que llevó a cabo en la repartición.
Así lo revela el acta del procedimiento que redactó uno de los suboficiales que intervino en el operativo. El documento dice textualmente: "...el fin de proceder al secuestro de celulares, computadoras y todo otro elemento de almacenamiento de datos, ya sea en soporte electrónico y/o papel. Asimismo, por orden la fiscal María Jíménez, el procedimiento deberá llevarse a cabo sin la presencia de testigos".
En un escueto comunicado, el Ministerio Público de la Acusación informó que este lunes se abrieron y digitalizaron todos los archivos secuestrados en los allanamientos al Ministerio de Seguridad, medida que fue presenciada por los representantes legales de algunos de los funcionarios acusados.
La defensa de Macri a cargo de Pablo Lanusse cuenta con diez días para apelar ante la Cámara Federal de Mar del Plata. Por lo pronto, en la causa con Macri suman doce los procesados por presunto espionaje ilegal a familiares de submarinistas del ARA San Juan, hundido en 2017.