La definición se conoce mientras las empresas petroleras que invierten en el proyecto Sea Lion tienen fuertes caídas de acciones, al mismo tiempo que otra gran energética decidió que no participará del yacimiento.
El tema fue abordado en la última reunión de mesa política y supone la modificación de la Ley 26.659, conocida como «Ley Pino Solanas», que establece sanciones para actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización.
La demanda alcanza a todos los accionistas, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible, según indica el comunicado oficial.
Las compañías sostuvieron que las licencias que utilizan fueron otorgadas por las autoridades de las islas y que cuentan con el respaldo del Reino Unido, por lo que no prevén modificaciones sustanciales en el cronograma de la iniciativa.
La canciller anunció «un proceso de diálogo» para formar parte de la explotación de los recursos de la plataforma marítima argentina en la que se encuentra el archipiélago ocupado desde 1833.
