El técnico informático expresó que tiene "terror de que se cometa una injusticia" en la causa por la muerte del fiscal federal, en referencia a la posibilidad de que se le dicte prisión preventiva, al tiempo que sostuvo que lo metió "en un quilombo".
El Congreso estadounidense debería adoptar este martes la reforma del presidente Donald Trump, una de sus prioridades para 2017, que constiyuiría su primera gran victoria legislativa.
El gremio decidió efectuar una medida de fuerza este miércoles en rechazo de la “flexilibilización laboral y la reforma fiscal”.
Así lo afirmó a Conclusión el vicegobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, quien precisó que su provincia "está económica y financieramente equilibrada, no necesitó recurrir al endeudamento".
Así lo afirmó el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, a Conclusion y sostuvo que el acuerdo con la Nación se dio porque "hay cuestiones que trascienden lo partidario".
Lo afirmó el ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof, quien en diálogo con Conclusión sostuvo que las reformas no pueden "ser una buena señal para los sectores populares".
Los representantes del MPF consideraron al ex juez a cargo de la causa como autor del delito de la coacción de Miriam Salinas y de Gustavo Semorile. También tuvieron por acreditada la participación necesaria de Eamon Mullen y José Barbaccia.
Desde la Rosada el Ejecutivo se muestra inquieto para analizar las modificaciones a los proyectos de reforma tributaria, fiscal, laboral y previsional.
El empleado informático es acusado de ser partícipe necesario del presunto homicidio del fiscal, que murió el 18 de enero de 2015. El pedido también alcanza a integrantes de la Policía Federal.
La fiscal a cargo de la investigación remitió lo actuado a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal del Ministerio Público Fiscal de la Nación al entender que se trata de un delito de su competencia.
Se trata del fiscal Roberto Apullán, quien debía tomar declaración al titular de la UR V, del departamento Castellanos, Adrián Rodríguez tras su detención. El empleado judicial separado por disposición del fiscal regional, Carlos Arietti.