Las constantes cancelaciones y reprogramaciones llevaron a las agencias y plataformas de viajes a retirar los vuelos de la aerolínea de sus sistemas de comercialización. La empresa atraviesa además una fuerte crisis operativa, reclamos laborales, embargos judiciales y restricciones para vender pasajes en Brasil.
El embargo fue dispuesto por distintos Juzgados Federales de Ejecuciones Fiscales Tributarias, específicamente los números 1, 2 y 4, en el marco de juicios de ejecución fiscal iniciados por el organismo recaudador.
Los ex empleados difundieron este lunes un comunicado en el que cuestionaron la falta de respuestas de la compañía. Allí sostuvieron que los acuerdos fueron «reconocidos y firmados» por la empresa y que, ante los incumplimientos, cientos de afectados recurrieron «a la Justicia» para reclamar el pago de las sumas adeudadas.
La aerolínea low cost suspendió la totalidad de sus servicios entre el jueves y el lunes en medio de una profunda crisis operativa y financiera. La falta de combustible, la reducción de su flota, recortes salariales y reclamos judiciales agravan el escenario.
Los empleados desvinculados de la aerolínea aseguran que aún no cobraron los montos acordados por despidos y retiros voluntarios firmados meses atrás. La situación se suma a las suspensiones de personal y a las dificultades financieras reconocidas por la propia compañía.
