La aerolínea low cost suspendió la totalidad de sus servicios entre el jueves y el lunes en medio de una profunda crisis operativa y financiera. La falta de combustible, la reducción de su flota, recortes salariales y reclamos judiciales agravan el escenario.
Los empleados desvinculados de la aerolínea aseguran que aún no cobraron los montos acordados por despidos y retiros voluntarios firmados meses atrás. La situación se suma a las suspensiones de personal y a las dificultades financieras reconocidas por la propia compañía.
Familias enteras permanecen en el aeropuerto Bariloche sin respuestas ni asistencia, mientras el municipio debió intervenir ante la crisis generada por la suspensión de vuelos en plena antesala del fin de semana largo.
La empresa deberá abonar casi $230 millones tras la cancelación de un vuelo a Aeroparque y la falta de información a los pasajeros en el mostrador del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón.
Los incumplimientos de la aerolínea no se detienen y tras las quejas de los usuarios, el Gobierno nacional mediante la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas que podrían culminar en sanciones a la empresa de bajo costo. Se reportaron más de 22.000 pasajeros afectados en la aerolínea de bajo costo, que además anuló 125 vuelos regionales entre el jueves pasado y lunes 12.
