Entre los caídos en las protestas hay numerosos estudiantes y adolescentes, según informó la Asociación de Ayuda a los Presos Políticos. Algunos sectores rebeldes advirtieron que de seguir este estado de situación colaborarán con los manifestantes para "tomar represalias" contra la junta militar.
Después de que este fin de semana se produjera la matanza de manifestantes prodemocracia, la más grande desde que los militares dieron el golpe de Estado el 1 de febrero, escaló la condena internacional sobre el Gobierno de facto.
Una serie de documentos desclasificados de la CIA, sacan a la luz la trama de acuerdos alcanzados en las jornadas previas y posteriores al Golpe militar del 24 de marzo de 1976 entre los golpistas argentinos y el Gobierno estadounidense de Gerald Ford. Las negociaciones con el embajador norteamericano Robert Hill en Buenos Aires. INVESTIGACIÓN EXCLUSIVA de DIARIO 26.
En ocasión de conmemorarse el 45º aniversario del golpe cívico-militar, la secretaria general del gremio, Analía Ratner, pidió por un sistema financiero “al servicio de la Nación” y que hay que “pensar en la banca como un servicio público.
“Seguimos exigiendo cárcel común, perpetua y efectiva para los condenados por delitos de lesa humanidad”, remarcaron los organismos de Derechos Humanos en un documento leído en el Parque Nacional a la Bandera, donde hubo una concentración y confluyeron las dos marchas que partieron desde la plaza Montenegro y la San Martín.
Desde el golpe de Estado del 1 de febrero, que derrocó a la líder civil Aung San Suu Kyi, las protestas diarias han sido reprimidas violentamente por la junta militar en el poder, pese a la presión y las sanciones internacionales.
La reunión se produjo en el despacho de la Presidencia del Senado, cuerpo del que Áñez era vicepresidenta segunda.
La ONG de asistencia a los presos políticos contabilizó unas 120 muertes y más de 2.000 detenidos desde el golpe militar, entre ellos la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.
Sobre Áñez y dos de sus ex ministros pesan las acusaciones de "sedición, terrorismo y conspiración", tras el golpe de Estado perpetuado en 2019. La Fiscalía argumentó que de estar libres, existe peligro de fuga y podrían influir en otros implicados o testigos.
Un fiscal de La Paz ordenó la detención de la expresidenta de facto y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019.
Las fuerzas de seguridad de la ex Birmania volvieron a reprimir a pesar del llamado del Consejo de Seguridad de la ONU a abandonar el uso de la fuerza contra los manifestantes.
Los bancos, comercios y fábricas permanecieron cerrados tras el llamado de los sindicatos a reforzar la protesta. Nueve importantes federaciones llamaron a "detener por completo y de forma prolongada la economía" a partir de este lunes.