Sebastián López, secretario general del gremio, expuso en redes sociales que la justicia labró una orden de detención hacia él y otros integrantes de la comisión directiva. “Buscan descabezar a un gremio que denuncia”, sostuvo el dirigente.
El dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, Sergio Castro, manifestó a medios locales que había 600 notificados por las bajas de los contratos, y estimó que la proyección es entre 2.000 y 2.500 los que serán alcanzados en toda la provincia, y que particularmente afecta al sector de la salud.
El encuentro contó con la presencia de representantes de diferentes sindicatos, asociaciones, movimientos sociales y partidos políticos que proponen coordinar acciones que logren frenar en plenitud el Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía.
Diferentes organizaciones gremiales se declararon en alerta y movilización permanente y coincidieron en expresar que se “articularán acciones con todo el movimiento obrero por la defensa de los derechos adquiridos” y explicitaron su “no a la precarización laboral”.
Con la consigna "Abajo el DNU", la concentración fue convocada por la CGT frente al Palacio de Justicia, en las calles Lavalle y Talcahuano con el objetivo de acompañar la presentación judicial de la central obrera. Gran cantidad de gremios y agrupaciones sociales dijeron presente en el lugar.
Los manifestantes concentraron frente a la Bolsa de Comercio de Rosario y luego movilizaron hasta la plaza San Martín. La protesta se desarrolló en el marco de una jornada nacional de lucha que busca expresar el descontento de gran parte de la población ante el paquete de reformas impulsado por La Libertad Avanza.
En una jornada que estará signada por la movilización social en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que busca desregular la economía, todo el arco gremial tomó posición al respecto
Dentro de varios puntos a los que se arribó en el cónclave sobresalen pedir audiencias con el Gobierno nacional y provincial para poner sobre la mesa de discusión la participación activa del sector regional en el proceso hidroviario (Paraná-Paraguay), entre otros temas.
El gobernador de Santa Fe ordenó que los cinco integrantes del Directorio –entre los que se encontraban representantes de ATE, UPCN y Amsafe– sean desplazados, y nombró como interventora a Lorena Ulieldin.
Dirigentes de algunas de las organizaciones sindicales coincidieron en que van a estar donde tengan que estar para hacer valer sus derechos, y que se van a hacer escuchar por más que los quieran “frenar”.
Sobre el telón de fondo del encuentro, lució escrita la frase "Ni un paso atrás", como una señal de que la central obrera "bajo ningún punto de vista" aceptará "la pérdida de derechos".
Trabajadoras del Hospital Roque Sáenz Peña advirtieron que en el último tiempo aumentó la cantidad de pacientes que recurren a los centros de salud públicos, al tiempo que pidieron un modelo de país en donde se garanticen derechos como el acceso gratuito a la educación y a la atención sanitaria.