Se trata del quinto día consecutivo de negociaciones entre el secretario de Finanzas, Luis Caputo, el "special master" y representantes de los holdouts.
El secretario de Finanzas, Luis Caputo, reafirmó que el ofrecimiento a los holdouts se hará “entre hoy y mañana”. Así mismo, afirmó que continuarán las reuniones entre las partes.
El secretario de Finanzas del Gobierno de Mauricio Macri se reunirá con Dan Pollack, el mediador designado por el juez Thomas Griesa para llevar adelante las negociaciones durante el mes de enero.
Sin embargo, el magistrado estadounidense dijo que la deuda con los holdouts asciende a 8000 mil millones de dólares. Se espera que el pronunciamiento sobre el tema se hará dentro de los próximos diez dias.
"Tienen menor poder de fuego", destacó el jefe de Gabinete antes de ingresar a la Casa de Gobierno. Además, fue crítico con líder del PRO por expresar que se debía pagar "todo" a los holdouts.
Lo dijo Axel Kicillof y aseguró que el juez federal de Nueva York no puede interferir en el cobro de los títulos de deuda. "Se extralimitaría y el absurdo sería absolutamente descontrolado", sentenció.
El ministro de Economía, Axel Kicillof aseguró que "acatar el fallo del juez Griessa, habría sido caer en una trampa" y afirmó que todo lo que está pasando ahora con los bonistas denoinados "me too", le da la razón a la Argentina.
El juez evaluará si la emisión de nueva deuda es alcanzada por el fallo emitido por el magistrado de Nueva York el 21 de noviembre de 2012, a favor de los fondos NML, Aurelius y otros tenedores de bonos en default
Lo dijo Carlos Reutemann en declaraciones a una radio porteña. Cuestionó a Cristina Kirchner por la herencia económica que deja a la futura gestión y mencionó que existe una "campaña sucia" contra Nisman orquestada por el Gobierno.
La entidad financiera estadounidense planea dejar de actuar como agente pagador ante la orden judicial que le impidió procesar los depósitos de los títulos de deuda argentinos.
La corte de Nueva York ratificó un fallo de Griesa de 2013 por el cual obliga al país y a los bancos a proveer la información que solicitaron los fondos buitre.