En principio solo fueron demorados pero en horas de la noche se confirmó que quedaban detenidos y que mañana serán llevados a audiencia imputativa por abuso de armas e intimidación pública.
Los ex funcionarios estan sospechados de ser responsables de maniobras para presionar y desplazar jueces, encarcelar a opositores y armar causas judiciales sin fundamentos.
Los reclamos son por los recortes en la jornada laboral dispuestos por el intendente Martín Llaryora.
Los abogados defensores de los imputados intentaron impugnar la audiencia bajo el pretexto de que podría generar violaciones a las medidas de aislamiento dispuestas para evitar la propagación del coronavirus.
El juez Florentino Malaponte imputó además el delito de violación de me medidas para evitar la propagación de una pandemia y les dictó prisión preventiva por el plazo de ley.
La causa se tramita en los Tribunales Federales de Rosario y hay tres personas imputadas por haber captado, trasladado y acogido a una menor de edad, oriunda de Casilda, que fue trasladada a Santa Fe y obligada a prostituirse.
El acusado, detenido este domingo en Villa Gobernador Gálvez, fue imputado en el Centro de Justicia Penal por el delito de homicidio agravado.
Así lo solicitó la Fiscalía, en el marco del debate oral y público que comenzó el 6 de noviembre, donde se los acusa de comercio de estupefacientes. Además, se solicitó el decomiso de dinero en efectivo y dos vehículos.
La audiencia imputativa se desarrolló este mismo viernes en el Centro de Justicia Penal. Se trata de un comisario y dos subcomisarios que habían adulterado material en ocasión de una persecución en 2016 que terminó con un detenido que fue a juicio oral.
La medida fue dispuesta a partir de una audiencia realizada este miércoles, en el marco de hechos ocurridos como complemento del enfrentamiento que mantiene la banda de Los Monos y la de Esteban Alvarado.
Fue la especulación que adelantó el abogado de los familiares de los tripulantes, y de su hijo muerto en el hundimiento de la nave de guerra de la Armada tras padecer situaciones amargas lidiando con el Estado, en la búsqueda de la verdad.
El hermano y la hija de la bibliotecaria que murió en la comisaría 10ª, acompañados de distintas organizaciones se presentaron este viernes en el Ministerio de Seguridad para entregar el petitorio.