Una pareja de venezolanos fue imputada por quedarse con 144 mil pesos tras “hackear” un cajero automático en un supermercado rosarino.
Los efectivos respondieron a un llamado del 911 por un robo en un local en la zona sur de la ciudad. Pero una vez allí, habrían forzado un armario y se habrían llevado el dinero en efectivo.
La explosión ocurrió en la madrugada del 27 de junio de 2016, dejando varias propiedades seriamente dañadas y cinco heridos graves. Los imputados no podrán salir del país y sus bienes fueron inhibidos.
Un joven de 24 años fue imputado por el ataque al Ministerio Público de la Defensa. El día de ayer imputaron a otras cinco personas vinculadas al hecho.
Fueron imputados por apremios ilegales por ejercicio de la violencia, en calidad de coautores.
Fueron imputado por los delitos de apremios, falsificación de acta, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los cinco uniformados restantes tienen prohibido todo contacto con las víctimas.
Se trata de tres hombres que ingresaron a una pilchería de Provincias Unidas al 1500 y tras robarle algunas prendas y un celular le dispararon en el pecho al dueño del local Mauricio Brandán de 32 años.
Los hermanos Peuscovich, promotores del show, los acusarán de homicidio, estrago doloso y lesiones. No encontraron pruebas que vinculen al músico con la organización del recital.
Fue en una audiencia realizada esta mañana en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. A uno de ellos, se le atribuyó la autoría del delito de homicidio doloso, mientras que a los otros tres se les imputó el mismo delito pero en calidad de partícipes necesarios.
La justicia mendocina imputó a dos mayores y a tres menores por “lesiones graves agravadas por el concurso premeditado y por alevosía”, por el ataque a Fabio Bustos, de 18 años el fin de semana pasado.
Según establecieron las fuentes judiciales, por el momento los nombres no serán revelados para no viciar la investigación. Además, aclararon que podrían imputar a más personas.
La medida fue solicitada por las fiscales Sonia Bustos y Silvina Verney y ordenada por la jueza Cristina Fortunato. Uno de los imputados es el presidente comunal y los otros dos son peones rurales.