El docente universitario y economista analizó el modelo económico impulsado por el gobierno de Javier Milei. Cuestionó el endeudamiento, la apertura de capitales, el RIGI y la transferencia de recursos y empresas públicas hacia grupos concentrados y corporaciones extranjeras.
Los números muestran hasta qué punto el deterioro del poder adquisitivo de los hogares impactó sobre una actividad que depende directamente de la capacidad de las familias para contratar personal.
La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Eduardo Valdés, propone acortar el período de prueba, restituir la doble indemnización por empleo no registrado y devolver a la Justicia la facultad de actualizar los créditos laborales.
La legisladora nacional puso en duda la concreción de la jornada legislativa, calificándola como una sesión «para rellenar», y denunció que los temas a tratar benefician a unos pocos millonarios mientras crece el endeudamiento y la informalidad laboral.
Dentro del contexto de pauperización de la vida como eje central del programa de gobierno de la administración Milei, sobresale otro dato coyuntural: la informalidad laboral al cierre del primer trimestre del año era del 44,2%
