El ex vicepresidente de la Nación fue trasladado hoy por primera vez desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales para asistir al juicio oral en su contra por la venta de la ex Ciccone.
El homicidio ocurrió el 13 de octubre de 2015 en Salvat al 2500, cuando el imputado le disparó a quienes intentaban robarle el auto. El tribunal está integrado por los jueces Juan Carlos Curto, Patricia Bilotta y Delia Paleari.
El debate tendrá lugar a partir del próximo 21 de noviembre en el nuevo Centro de Justicia Penal, ubicado en Virasoro y Mitre. Los acusadores dieron detalles sobre el desarrollo de las distintas jornadas.
Se trata de Analía Lloret, quien en el informe que le entregará al juez Lleral habla de un “ahogamiento intencional”.
Los fiscales y la querella apelaron la sentencia de 5 años de cumplimiento efectivo y volvieron a insistir con el "homicidio simple con dolo eventual", lo que modificaría la condena.
Había ofrecido hacer un curso de género en Uruguay y dar dos recitales a beneficio en la Ciudad de Buenos Aires pero no fue aceptado. El cantante esta acusado por incitación a la violencia contra las mujeres.
El homicidio ocurrió en marzo de 2016, en la zona de Corrientes al 300. Una pareja a la que había asaltado lo reconoció en la calle y dieron aviso a Mansilla que en ese momento, cumplía adicionales.
La defensa del artista solicitó que se le conceda la probation y ofreció que su defendido asista a un taller contra la violencia de género y brinde conciertos para recaudar fondos para la organización.
Se los acusa de ser sospechosos de sedición y rebelión. A otro integrante se le solicitó cárcel eludible por lo que podrá quedar libre bajo fianza. Mientras tanto Puigdemont consideró desde Bruselas que el juicio es político.
Así lo resolvieron los jueces de la Cámara Penal, Gustavo Salvador, Carolina Hernández y Javier Beltramone por considerarlo responsable de la muerte de un joven que intentó escapar en medio de una detención.
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia expresó hoy que las demoras en el inicio del juicio se deben a la pretensión de que “el proceso se pueda realizar en condiciones”.
El titular del Instituto Patria y ex funcionario del gobierno de Cristina Kirchner, señaló la existencia de un doble "standard" sobre los miembros de FPV y dijo que "a Julio De Vido lo metieron preso por las dudas".