El temario de la sesión incluyó el tratamiento de los acuerdos para cubrir cargos en el marco del programa de fortalecimiento de la Justicia Federal.
La familia del paciente pidió la muerte digna al argumentar que el hombre tiene inactividad cerebral. La Justicia hizo lugar a la solicitud e indicó que “una decisión contraria implicaría una vulneración del derecho a la dignidad humana, fuente de todos los derechos humanos”.
“Pedimos que se establezca que 30 días es un período de tiempo razonable después de la emisión de la sentencia para iniciar los procedimientos de embargo. Argentina no tiene intención de pagar el fallo”, expresaron los abogados del fondo buitre Burford en un documento enviado a la jueza estadounidense Loretta Preska.
El pasado 8 de septiembre, la jueza estadounidense Loretta Preska sentenció que Argentina deberá pagar más de 16 millones de dólares por la expropiación de YPF, ocurrida en el año 2012. El Gobierno adelantó que apelará el fallo.
Desde la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la UNR señalaron: “Nuestro pueblo, en su gran mayoría, dijo claramente Nunca Más y vamos a seguir luchando por el sueño de una patria libre, justa y soberana”.
La Fiscalía Federal de Esquel y la familia de Maldonado apeló los sobreseimientos de los gendarmes Emmanuel Echazu, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra. Ahora, el juez Gustavo Lleral evaluará si concede las apelaciones.
Los 164 empleados que hicieron la presentación formal argumentan que, de esa forma, podrían asegurarse un año y medio más de continuidad laboral.
La situación procesal de L-Gante se había complicado la semana pasada, cuando el fiscal Raúl Villalba pidió elevar a juicio oral la causa. Sin embargo, todo cambió con este fallo del juez.
Gran parte del Gabinete Nacional recordó en sus redes sociales el atentado que la vicepresidenta sufrió hace exactamente un año atrás, y emitieron fuertes críticas al Poder Judicial por su actuación en el caso.
Durante las audiencias se ventilaron hechos de homicidio, desapariciones forzadas, secuestros y torturas contra 116 víctimas del terrorismo de Estado.
El ministro de Seguridad de Santa Fe aseguró que el Gobierno provincial está decidido a “asistir socialmente a aquellas personas que lo necesiten”, pero advirtió que “quien delinque va a ir preso”.
Naiara estaba desaparecida desde el domingo último y por quien su abuela había realizado el pasado miércoles una denuncia de averiguación de paradero. Tras el hallazgo del cadáver detuvieron a su pareja y a la prima de la víctima.