La empresa, que atraviesa un concurso preventivo con un pasivo superior a los $118.496 millones, acordó la venta de las plantas de Suardi y Lehmann. La operación quedó supeditada a la autorización judicial y genera preocupación entre los más de 300 trabajadores que llevan meses sin cobrar sus salarios.
Con esta medida judicial, la compañía administrada por la familia Espiñeira busca frenar una quiebra definitiva tras meses de parálisis en sus operaciones productivas y laborales.
Atilra firmó un “contrato de fasón” con la empresa Copalac, aunque de momento no se detalló cuántos trabajadores se verán afectados ni los volúmenes de producción. Las plantas que Verónica tiene en Lehmann y Clason seguirán paralizadas.
En una decisión de alto impacto para el entramado productivo, el tribunal declaró inconstitucional un requisito que condicionaba beneficios impositivos a la radicación industrial dentro del territorio bonaerense.
La medida surge después de que el viernes los empleados recibieran telegramas informando la reducción de la jornada laboral a 4 horas, lo que implica también una reducción del salario.
