El magistrado, que compartió su estadía en Bariloche con dos directivos del multimedios, exoneró a la empresa Telecom de una multa que tenía por falta de prestación del servicio.
"De resultar comprobadas, las conductas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”, sostuvo el representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz.
El senador Oscar Parrilli tambien refirió la sensación que tuvo cundo vio en los medios los chats de funcionarios y empresarios: "uno siente indignación por el nivel de impunidad, de soberbia y de obscenidad con la que se manejan estos personajes”.
"Ante los recientes hechos de público conocimiento desde la Comisión Interna de Clarín/AGEA nos vemos en la obligación de volver a aclarar algo elemental: quienes trabajamos en Clarín no somos la empresa", señalaron en una publicación en Twitter los delegados sindicales de la empresa.
La casa madre de los trabajadores argentinos calificó de “vergonzoso” al veredicto que “se enmarca en una serie de inconsistencias jurídicas donde no se ofrece evidencia de hecho para probar delito alguno sino meras opiniones de los jueces y fiscales de la causa".
En una rueda de prensa que ofrecieron en el Salón Pasos Perdidos del Congreso de la Nación, los legisladores oficialistas cuestionaron fuertemente la sentencia del tribunal que condenó ayer a la Vicepresidenta y el "intento de proscripción".
Entre otras pruebas, se pide que la Justicia ordene "la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los involucrados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos".
El presidente de la Nación se dirigió al país a través de una cadena nacional y se refirió al intercambio de chats y audios entre jueces federales, directivos de medios, funcionarios del Gobierno porteño y ex miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de la gestión Cambiemos tras compartir en octubre un viaje a Lago Escondido.
La justicia de Bariloche ratificó este lunes un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.
El dirigente contó cómo fueron los hechos vividos durante la marcha en la que manifestó que se encontraron "con personas encapuchadas, la mitad a caballo y la mitad a pie. Nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones".
Antes de la marcha hacia Lago Escondido, los dirigentes de ambas centrales de trabajadores denunciaron al juez Mariano Castro por haber rechazado el habeas corpus para garantizar el libre tránsito hacia ese lugar.
Según las denuncias, unas 40 personas de civil que portan armas de fuego amenazan e intentan impedir una marcha de protesta hacia Lago Escondido, en tierras del británico Joe Lewis.