Tres diputados del Frente Renovador presentaron una denuncia penal contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por considerarla “penalmente responsable de los delitos de violación de los deberes de funcionario público”
La funcionaria intentó ocultar el vínculo con una empresa que contrató para comunicación.
El organismo que encabeza Laura Alonso resolvió que no hubo faltas a la ley de ética pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el holding de la familia del Presidente, que buscaba saldar su deuda con el Estado en su concurso preventivo.
En declaraciones radiales, la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción reeditó su cruce con la ex diputada Stolbizer, quien la había acusado de ser "ultradependiente del Gobierno y militante" del Gobierno.
El ex jefe del Ejército está acusado de "haber incrementado ilícita e injustificadamente, de manera apreciable, su patrimonio en al menos 480.000 dólares en el período que ejerció la función pública".
Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, Juan Fernando Brügge, quien anticipó que en abril se espera la presencia en la Cámara baja del padre del presidente.
Desde la comisión de Comunicaciones e Informática de Diputados, confirmaron que además, otros funcionarios deberán dar explicaciones. Entre ellos, Laura Alonso, Ignacio Rial y Carlos Balbín.
Juan Grabois, máximo referente de la organización social, presentó el recurso contra la titular de la Oficina Anticorrupción por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario.
La secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, afirmó además que se registró “un fracaso estrepitoso del derecho penal en la Argentina para condenar la corrupción”.
La lista de incumplidores tendrá tiempo hasta la semana próxima para hacer el trámite ante la Oficina Anticorrupción, para no verse afectados por la medida.
La titular de la Oficina Anticorrupción aseguró que el organismo no tiene "información suficiente" para saber si Juan José Aranguren violó la ley de ética pública por la compra de siete barcos con gasoil a la empresa Shell.
En una resolución difundida este lunes, el organismo sugirió que el ministro de Energía y Minería debería desprenderse del paquete accionario que posee en la empresa o adoptar "una medida patrimonial"