Este miércoles culminó la audiencia imputativa contra ocho personas acusadas de integrar una asociación ilícita, cuya oficina se ubicaba en San Lorenzo al 1.000, que se dedicaba a la usura, a la compra/venta de inmuebles, al comercio de estupefacientes y a gestionar una flota de taxis mediante la cual, se cree, se lavaba dinero proveniente del delito.
La Afip denunció a los responsables de la cadena de venta de electrodomésticos por dos firmas suizas que manejaron acciones y millones de la empresa. La causa se encuentra en Comodoro Py desde 2017.
El procurador general Eduardo Casal sugirió que la Corte Suprema de Justicia extradite a una mujer de nacionalidad panameña e identificada como Liz Helena De Sousa, quien está acusada de depositar dinero proveniente de sobornos en las cuentas de los hijos del ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal.
Podría tratarse de posible lavado de dinero, fraude o incluso, financiamiento del crimen.
Se trata de Arturo Murillo, quien encabezara la cartera de Gobierno de la ex presidenta de facto boliviana, involucrado en la compra de gases lacrimógenos y en casos de lavado de dinero. Su jefe de Gabinete y tres ciudadanos estadounidenses también fueron arrestados por el caso.
Los dueños de una conocidísima financiera de la ciudad de Rosario fueron detenidos esta mañana en el marco de una investigación que se desató hace varios meses, tras el crimen del ex barra brava de Newell’s Old Boys, Marcelo Coto Medrano. Una piola que evidencia un accionar que en Rosario podría ser más común de lo que se cree.
La fiscalía reclamó 12 años de prisión para Báez, detenido desde junio de 2016, 9 para Martín; 5 años para Leandro y 4 años y seis meses de cárcel para Melina y Luciana.
La Justicia ordenó una investigación patrimonial en la causa por presunto lavado de dinero a raíz del hallazgo a su nombre de una cuenta en Estados Unidos no declarada, cuyo apoderado era el fallecido fiscal.
La Cámara Federal porteña adviritió que la causa está paralizada. El expediente tiene como imputados a la hermana de Lagomarsino, Sandra, y la mamá del fiscal, Sara Garfunkel, a raíz de una cuenta en el exterior que comparten con Lagomarsino así como distintos bienes en común.
Así lo decidió la Cámara Federal de Casación sin embargo, el empresario seguirá por el momento en la cárcel de Ezeiza ya que tiene concedida la excarcelación en otra causa penal en la que debe depositar una fianza, explicaron fuentes judiciales.
Los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky consideraron errónea la decisión del Tribunal 4, que había establecido la caución de 632.500.000 de pesos, al hacer la conversión de esos 5,5 millones de dólares al dólar MEP, y no al oficial como se debió haber hecho, según se estableció.
La pena fue solicitada por la Oficina Anticorrupción, al retomarse este martes el juicio en donde se acusa a Báez, a sus hijos y a otras personas de conformar una banda que se dedicaba al lavado de activos.