Desde FATRADIS destacaron el avance del proyecto en el Congreso y reclamaron que la Ley de Emergencia en Discapacidad continúe vigente hasta el 31 de diciembre. Además, anticiparon nuevas movilizaciones para exigir respuestas ante las demoras en el acceso a las pensiones.
El dato es una señal de alerta para la Libertad Avanza porque la mayoría opositora no quedó limitada a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda.
También se sumaron bloques provinciales que habitualmente acompañan iniciativas del oficialismo y que ahora decidieron valorar el reclamo.
El Juzgado Federal N°3 de Córdoba fue el encargado de dictar la resolución instando al Gobierno a regularizar el esquema de pagos.
Frente al largo reclamo que sostiene el sector de discapacidad contra la vulneración de sus derechos por parte de esta administración libertaria, se suma esta nueva presentación del Ejecutivo, con el argumento de ir contra el fraude de pensiones mal otorgadas que amenaza con destruir el sistema en su conjunto.
El proyecto enviado se enmarca, según el propio texto oficial, en una «ley contra el fraude de pensiones por invalidez» y pone el foco en el control y la revisión de las pensiones otorgadas en las últimas décadas. En los fundamentos, el Ejecutivo sostiene que hubo un crecimiento «exponencial» de estas prestaciones, que pasaron de 76.000 en 2003 a cerca de 1.200.000 en 2023.
